El proceso que vive Guatemala es muy delicado. Puede verse positivo y esperanzador para nuestro futuro, aunque corre también el riesgo de terminar en un desastre. Todo depende de la seriedad, profesionalidad, visión y compromiso con el que actúen los actores principales, especialmente en el sector justicia, donde en este momento ocurren los principales cambios y, esperamos, las reformas de fondo.

Es muy importante, por ejemplo, que en todos los casos que se ventilan en los tribunales, especialmente en aquellos relacionados directamente con el ejercicio anómalo de la gestión pública, cumplan con el debido proceso, toda vez que cualquier falla, omisión o violación a la ley por parte de los fiscales afianzaría la lamentable pero obvia ausencia de la credibilidad.

Esta reflexión viene luego de que el viernes pasado la aún procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, anunció que junto a la nulidad del contrato de TCQ el Estado reclamará una indemnización de US$200 millones por supuestos daños al país. Aunque la actitud entusiasma a los ciudadanos, existe preocupación fundamentada en los sectores empresarial y judicial, pues no se entiende qué justicia extinguirá una inversión de esa magnitud y cobrará una multa igualmente sin precedentes.

Al respecto, es importante aclarar cuáles son las razones que justifican tal proyecto de demanda, todavía no presentada en los tribunales sino únicamente planteada en el Congreso ante la bancada de la UNE, luego de que sus integrantes, acompañados de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, aseguraron su intención de procesar a Villagrán por omisión de denuncia.

Vale recordar ahora que este proceso tiene en el centro al expresidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a una lista de exfuncionarios y empresarios, todos ellos señalados por la Cicig y el MP de haber concedido el contrato en forma irregular, luego de haber recibido un soborno de US$30 millones, el cual se habría repartido sin miramiento alguno entre algunos de los imputados.

Evidentemente hay violaciones a la ley que no pueden ni deben ser obviadas, pero no se puede ocultar que hay componentes políticos que buscan acertadamente castigar ejemplarmente el mal ejercicio de la función pública. Es un caso que debe ser analizado desde la variedad de puntos de vista que son necesarios. Debe haber un especial cuidado en que la aplicación de las leyes sea correcta y técnicamente decidida, para que sus efectos puedan ser justificados y no se les pueda señalar de acciones malintencionadas.

El futuro del contrato de marras depende de los tribunales. Ninguna duda cabe al respecto y ha de vigilarse cuidadosamente para lograr resultados irreversibles. Sin embargo, debe hacerse un profundo ejercicio de reflexión enmarcado en las leyes, para saber cuáles serían los alcances de una demanda como la que se plantea y que enseña al mundo lo que una actitud desesperada de una funcionaria puede hacer cuando se equivoca y busca escapar de la vindicta pública y de las mismas leyes a costa del sacrificio de estas.