Uno de los primeros aspectos incomprensibles de las campañas políticas en Guatemala es que lo que no se puede lograr a base de trabajo de conciencia y laboriosidad, se pretende alcanzar a fuerza de recursos millonarios que se destinan a la venta de un producto y no de un ideario. Tal parece que quienes aspiran a puestos de elección popular se han quedado estancados en una espiral de promociones que para nada atiende la transformación de realidades.

El primer gran hallazgo que explica el contrasentido de los políticos, pues han relegado a un tercer plano la formación de sus bases, es que incurren en un derroche inexplicable e injustificable de recursos que solo contribuye a consolidar la imagen de mercantilismo que carcome los pilares de la democracia, pues de lo que menos se habla es de lo que el país necesita, y eso se justifica porque la mayoría de ellos tampoco cuenta con la preparación adecuada para asumir retos mayores.

Pero detrás de eso subyace el rostro más preocupante de la degeneración en que ha caído la política, y es el financiamiento de sus principales figuras, quienes tratan de desmarcarse de esa danza de millones y poner oídos sordos a las denuncias de que muchos de los cargos más importantes en la administración pública solo han servido para aprovecharse de ellos. Los han utilizado para traficar favores y agenciarse de recursos de manera inmoral, mientras los rezagos del país simplemente se acrecientan.

Campañas tan millonarias como las que se han desarrollado en los últimos años no pueden traerles ningún beneficio a los guatemaltecos, pues nadie cuenta con tantísimos recursos para apuntalar una imagen. Es más, ni siquiera serían necesarios si quien aspira a un cargo fuera una persona idónea, adecuadamente preparada para gestionar los más altos cargos. Pero como no es así, por ello es que se recurre a un oneroso maquillaje que pretende suplir el debate y la discusión aun de sus propios planes de trabajo, que aportarían mucho más que la propaganda.

En un informe sobre el financiamiento de la política, presentado el pasado jueves por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se detalla que para la campaña del 2011, catorce partidos dijeron haber invertido Q146.3 millones, aunque, de esos, solo cuatro acumulaban casi el 75 por ciento de los gastos. Sin embargo, una auditoría efectuada por el Tribunal Supremo Electoral aclaró que ese gasto era de Q447 millones, lo que equivale a más del triple de lo reportado por los políticos y desnuda otro tipo de aportes también denunciados por la Cicig.

Sobre esos Q447 millones reportados por el TSE, también se da una división que pone en evidencia los intereses de quienes hacen esos aportes. Según el informe de la Cicig, los empresarios dan un 25 por ciento, lo que equivale a unos Q111 millones. El 50 por ciento, más de Q223 millones, proviene de la corrupción, y otros Q111 millones, el otro 25 por ciento, los aporta el crimen organizado. Una danza de millones que explica quiénes son los amos de los políticos y por qué lo ideológico es un asunto meramente coyuntural.