Para comprender la composición de fuerzas en el panorama político guatemalteco debe verse la elección reciente de la nueva junta directiva del Congreso, el pasado 13 de noviembre. Es la continuidad de una fuerza parlamentaria, de aproximadamente 85 votos, que se caracteriza por adversar la lucha contra la corrupción, apoyar deliberadamente al gobierno de Morales y que trabaja por restaurar las condiciones políticas previas a 2015. Una fuerza que ha reeditado la lógica de alianzas por conveniencia para mantener privilegios, el control de las contrataciones del Estado y un blindaje jurídico desde las cortes nacionales.

El pacto que eligió a la junta directiva 2018-2019 guarda similitud operativa con la alianza que el Partido Patriota y Líder hicieron para la elección de magistrados de 2014 y que tuvo como efecto que el partido de Manuel Baldizón intentara proteger a Pérez Molina cuando su inmunidad estaba en juego. Finalmente, esa alianza tuvo como resultados el desafuero del Partido Patriota del gobierno y la derrota electoral de Líder.

Por otro lado, la reelección de la Junta Directiva genera dudas políticas porque, considerando que necesitan 105 votos para reformar leyes de carácter constitucional y entendiendo cómo funcionan las negociaciones políticas en el seno del Congreso, negociar la Junta Directiva con la UNE les daba más posibilidades para aprobar el transfuguismo, por ejemplo. Y, en cambio, optaron por dejarla afuera, tanto de la negociación como de la Junta. Esas dudas inevitablemente se traducen en preguntas: ¿Vendrán nuevos temas de interés general para los diputados que pueden ser nuevas cartas de negociación para conseguir los votos necesarios? ¿Tienen nuevas estrategias para generar aplanadora sin la UNE?

¿Cuál será la agenda que intentará manejar el otro año el Congreso?

Tener la junta directiva del Congreso permite ejercer el control de la agenda legislativa. Esta agenda la han presentado desde la gestión 2018-2019 como una de desarrollo económico. Pero, al contrario de sus pretensiones, hemos visto una agenda regresiva, repleta de propuestas improcedentes o inconstitucionales que después se convierten en cortinas de humo para aprobar iniciativas que benefician a personas vinculadas con delitos de corrupción, como ocurrió con la ley para la protección de la familia, la cual generó un intenso debate público a favor y en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y permitió que la atención se desviara para que unas semanas después los diputados pudieran rechazar el antejuicio en contra del presidente Morales y para comenzar a debatir las modificaciones al financiamiento electoral ilícito. Si bien estas propuestas suelen ser improcedentes y las configuran como cortinas de humo, tampoco pueden ser perdidas de vista ni se les puede restar importancia porque en contextos marcados por disputas entre el desmantelamiento de la corrupción y la conservación de los privilegios y el saqueo del Estado, son a su vez serias amenazas para la democracia, como lo podemos observar con las más recientes propuestas de penalizar a los ciudadanos que critiquen a los funcionarios públicos y de disolver la Corte de Constitucionalidad.

Además, es muy probable que veamos la creación de comisiones creadas unilateralmente desde la Junta Directiva como lo hicieron con la exfiscal Thelma Aldana, con el propósito de perseguir a opositores políticos y a las caras más visibles que apoyan al Ministerio Público y a la Cicig. Los próximos esfuerzos podrían ir dirigidos hacia el procurador de los Derechos Humanos. Finalmente, no hay que olvidar que a esta junta directiva le tocará sortear las pugnas parlamentarias en un año que coinciden las elecciones generales y la de magistrados, ambas determinantes para el futuro de la lucha contra la corrupción y la avanzada reformista en el país. La primera porque define la composición del próximo gobierno y del próximo Congreso, y la segunda porque se caracteriza por realizarse en escenarios clientelares y con intereses espurios, en donde actores políticos y económicos buscan protección e impunidad.

Politólogo