La pasada semana las huestes de CODECA convocaron una manifestación-bochinche que terminó en un suspiro desértico. La bravuconería con la que habían planteado el bloqueo del país se disipó porque ignoraron que la ciudadanía está hasta el moño de vividores y agitadores —ellos lo son— y ya no se deja engañar fácilmente. No contentos con el robo de energía eléctrica, y el posterior cobro a los usuarios, esos personajes, como otros, reciben sustancioso dinero de cooperación. La pregunta, pendiente de responder especialmente por los gobiernos sueco, noruego y holandés es: ¿Qué esperan lograr con el financiamiento que hacen a delincuentes?

La cooperación internacional —¡dejémonos de cuentos pastoriles!— es una manera de proyectar la política exterior del donante. Los hay, como el gobierno central de España y EE. UU., que la realizan de forma interinstitucional, entre gobiernos, con planes y proyectos con los que se puede o no estar de acuerdo, pero que se suelen transparentar y rendir cuentas. Sin embargo, hay otros países, gobiernos locales (vasco y catalán, por ejemplo) y organizaciones, donantes de suntuosas cantidades a entidades particulares. En esos casos, la trasparencia está ausente y los objetivos ocultos a la fiscalización ciudadana. Pareciera ser que el ejercicio de la política exterior muta en vector ideológico o de interés e incrementa o promueve, como en el caso guatemalteco, el conflicto, el desasosiego, la criminalidad o grupos de interés suscritos permanentemente a las ofertas monetarias anuales que hacen los donantes. Debería exigirse a los receptores de esa ayuda que aclaren sus cuentas, puesto que sus acciones tienen incidencia pública. Está demostrado que, al menos, entre el 20-25% de las donaciones terminan en manos de dirigentes, aunque dicen no tener “fines de lucro”, y las convierten en un modus vivendi de dudosa legitimidad y escaso pago impositivo, siempre a costa del desarrollo de los demás.

Siéntese, respire y piense por unos segundos que fin persiguen “amigos” lapones entregando dólares o euros a, entre otras: FLACSO (más de 2 millones), Ramón Cadena y la Comisión internacional de juristas, Iduvina Hernández y SEDEM, Plaza Pública, Nómada, Casa Comal (5 millones), Álvaro Pop y su organización NALEB, Fundación Myrna Mack, ICEFI (más de 2 millones), Madre Selva, CALAS, Fundación Rigoberta Menchú, ODHAG, USAC, CODECA, MOLOJ, CUC, CIRMA, Oxlajuj Tz´ikin (Irmalicia Velásquez Nimatuj) y la Asociación mujeres Sanjuaneras (AGIMS), algunas operantes en la zona de Los Pajoques, matanza que parece olvidada y por la cual se solicitó antejuicio al diputado Amilcar Pop, a cuyo rescate aparecieron decenas de ficticias organizaciones con campos pagados en medios escritos, a las que se refirió M. A. Sandoval hace unos días en estas páginas.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre y dejar de ser pusilánimes. Esto es un atropello en red orquestado por un montón de vividores que han encontrado una forma de vida en la conflictividad que promueven con sus acciones, descalificaciones y actitudes, alentando la violencia y el subdesarrollo. Es preciso que los cooperantes dejen claro los objetivos, las intenciones y cómo gastan el dinero que reciben que sirve, entre otras cosas, para promover el pago de más impuestos, mientras sus oenegés están exentos de ellos.

Hemos recibido en los últimos años unos 10,000 millones de dólares en cooperación ¿En qué se han “invertido”?, porque los indicadores que ellos mismos manejan dicen que estamos peor que antes ¡Como para meditar muy seriamente!

www.miradorprensa.blogspot.com