La solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú no solo constituye una prueba determinante para el sistema de justicia, sino abre un importante debate sobre las circunstancias que han llevado al país a la actual encrucijada, en la que cada vez es más evidente la necesidad de grandes cambios.

La transformación es ineludible, si de verdad se quiere superar el enorme bache por el que atravesamos. Esto implica una reestructuración en todos los sectores, pero mucho más en el político, donde descansa la mayor cuota de responsabilidad ante el deterioro actual, como una consecuencia lógica del reiterado abuso de poder y la inmoral corrupción en el manejo de los recursos públicos.

No es ninguna casualidad que un expresidente, una exvicepresidenta y muchos de los integrantes de su gabinete se encuentren desde hace varios meses tras las rejas, sindicados de ser los máximos responsables de encabezar estructuras criminales incrustadas en el Estado.

Nadie parece salvarse de ese estigma y ahora en esa lista de la vergüenza también aparecen el actual presidente de la República, el alcalde capitalino y los de otros municipios, magistrados y diputados, quienes cargan con señalamientos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y hasta de haber pretendido de manera torpe promulgar leyes en claro beneficio propio y de centenares de criminales comunes.

Quizá la hoja de ruta que determina el accionar del anterior y del actual embajador de Estados Unidos ilustre sobre el enorme reto que descansa sobre esa sede diplomática, pero también sobre quienes tienen en sus manos liderar muchos de esos procesos desde sus altos cargos. Es una tarea extensiva a todos los sectores del país, como responsables del fortalecimiento de la institucionalidad.

De manera concreta, buena parte de la tarea está definida en las líneas de acción que el Departamento de Estado asigna a los representantes estadounidenses para Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte, donde se considera más apremiante la debilidad institucional, lo cual repercute en un deterioro de importantes rubros económicos y sociales.

Algunas de las tareas señaladas son fortalecer el sistema de justicia, promover la prosperidad, combate efectivo de la criminalidad, además de reducir la influencia del crimen organizado, para generar oportunidades de desarrollo, a través de mejor educación y mayor recaudación fiscal, lo cual afecta la mejora de servicios e infraestructura, todo lo cual debería redundar en la reducción de los niveles de pobreza.

Estos aspectos pasan, ineludiblemente, por el respeto a los derechos humanos, el indudable funcionamiento del imperio de la ley, cambios profundos en el servicio civil para erradicar el clientelismo y, por supuesto, afianzar el combate de la corrupción, flagelo causante de todos nuestros males. Ese cuadro se complementa con la participación activa y exigente de una sociedad civil bien definida y representativa, que no debe tolerar el abuso de poder, ni mucho menos la oscura administración de los recursos de los contribuyentes.