La lamentable encrucijada a la que llegó el país por el efecto de un prolongado e insostenible modelo cleptocrático obliga a hacer también profundas transformaciones en otros órdenes para reencauzar el rumbo, rescatar la confianza e insistir en el fortalecimiento de las instituciones. Es la única ruta para que Guatemala recupere el equilibrio en la búsqueda del desarrollo.

Ayer, varios empresarios celebraron la segunda reunión del grupo denominado Guatemala Íntegra, donde lo que más sonó fue el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y también la construcción de cimientos más fuertes para el regreso de la ética y de una conducta alejada de lo que ha ocurrido durante los últimos tres años, con políticos y empresarios en la cárcel por su complicidad en el pillaje.

Del otro lado persiste el nefasto cuadro de la terquedad de los políticos en velar solo por su beneficio, creyendo ilusamente en un modelo que terminará de aislarlos y conducirlos a un callejón sin salida del que habrá que sacudirlos a periodicazos, para que dejen de ser un estorbo en la vía de la recuperación.

Es el camino más hacia la normalidad, porque el viejo modelo produjo una enorme grieta en las relaciones público-privadas, pero también porque mucho de lo ocurrido en este tiempo hace urgente separar la actividad empresarial de la política, sobre todo de aquella entendida como un contubernio para pervertir todos los recursos públicos.

Es también la ruta inevitable, porque la otra, la de la cooptación del Estado, tiene los días contados y de ese colapso definitivo se están encargando los políticos, quienes mediante sus consabidas marrullerías pretenden continuar manteniendo sus nefastos privilegios, aun a costa de quienes con sus recursos han contribuido a financiar a funcionarios cuyas muestras de abuso son la mejor evidencia del final del viejo régimen.

El ejemplo más inmediato de esa obstinación es la discusión en la Comisión de Asuntos Electorales de una modificación ordenada por la Corte de Constitucionalidad al Código Penal sobre el delito de financiamiento electoral. Hasta ahora las propuestas avanzan en la vía de salvarles el pellejo a los políticos y que financistas y personal administrativo que maneja esos recursos queden a merced de los tribunales, mientras los culpables se burlan de nuevo de las leyes y de los ciudadanos.

Eso contrasta con la reunión de ayer, en la que, entre otros puntos, se propuso implementar mecanismos de control que promuevan un actuar transparente, códigos de ética y deontología, incentivar la cultura de la transparencia y que cualquier participación en eventos electorales debe darse dentro del marco de la ley. También apoyar la unidad de fiscalización financiera del Tribunal Supremo Electoral y promover severas cláusulas anticorrupción en todo proceso de contrataciones con el Estado.

Ante la obstinación de la clase política, las propuestas planteadas por el sector empresarial suenan acordes con la necesidad de cambios en el país, los cuales deben apuntar al saneamiento de la administración pública, al alejamiento de toda actitud canallesca en el manejo de contratos con el Estado, para aislar a quienes se obstinan en promover un modelo basado en la vieja política o en prácticas propias de los grupos mafiosos.