Cuentan las crónicas que cuando el secretario de Estado Pompeo dijo aquello de que “reiteraba su apoyo a la soberanía del país”, se desataron los asesores presidenciales e interpretaron que había luz verde para cortar a la Cicig. A partir de ahí, el presidente se lanzó con aquella puesta en escena en la que, rodeado por numerosos militares y policías, anunció para 2019 el fin de la Cicig y lanzó el mensaje de “no pienso obedecer órdenes ilegales”. El alegrón de burro fue vitoreado y acompañado mediáticamente por quienes apenas unas horas antes le recriminaban no hacer nada y lo animó a aparecer nuevamente en medios afirmando que el Comisionado tenía prohibido ingresar al país por “razones de orden y seguridad pública”.

No esperaba don Jimmy que Pompeo, poco después, afirmarse que: “Estados Unidos aboga por una Cicig mejorada”. Entonces, las sonrisas se convirtieron en lágrimas y Morales ordenó cancelar la participación en la reunión de cancilleres del Triángulo Norte en EE. UU, tema en el que Washington había puesto mucho empeño. Ese despecho desató los demonios en el norte porque vieron peligrar inversiones comprometidas, pero sobre todo cuestiones relacionadas con la seguridad nacional norteamericana. Cuando Morales quiso desdecirse, Washington había anulado la reunión y activado la guerra de las galaxias, en sus versiones “el imperio contraataca y el regreso del jedy”. Los hechos que se sucedieron fueron la renuncia del ministro de Finanzas, e inmediatamente después, la de la ministra de Trabajo. Aceptadas ambas, se pasó a la acción.

Los norteamericanos dejaron el fin de semana para que se celebraran las fiestas patrias de la Independencia y se consumó el grotesco espectáculo del registro de personas antes de ingresar a la Plaza de la Constitución, algo que enojó a muchos y alegró a otros que confundían en sus explicaciones y justificaciones lo público con lo privado y la acción antiterrorista, ejercitada en cualquier lugar del mundo, con la represión ciudadana que se padece en países autoritarios.

El domingo, adelantándose quizá al lunes marcado en el calendario, y una vez la ministra de Trabajo quedó fuera del Gobierno, la Corte de Constitucionalidad, de forma inusualmente repentina, admitió por unanimidad una serie de amparos y ordenó fundamentalmente dos cosas separadas: el retorno inmediato del comisionado que designe ONU y utilizar el artículo 12 del convenio vigente como base de la resolución de controversias. Los estrategas gubernamentales comenzaron inmediatamente a difundir en redes que una cosa estaba unida a la otra y que la orden era negociar y posteriormente permitir la entrada del comisionado, algo desmentido por diferentes constitucionalistas.

La incertidumbre no duró mucho y en pocas horas —el día de ayer— de todas las posibles soluciones, en relación con la resolución de la CC, el Gobierno, asesorado por el Consejo Nacional de Seguridad, y de la manera más infame, asumió la peor en el menor tiempo posible. En el fondo, mostraron su forma de tomar decisiones, ausente de la más mínima racionalidad y cargadas de visceralidad e irreflexión. Hace tiempo que vengo diciendo que estamos ante un golpe de Estado —versión siglo XXI— o un autogolpe en el que todos los ciudadanos honestos terminan perdiendo. El presidente y las ocultas fuerzas del mal han apostado por la confrontación directa en una especie de última batalla en la que todo vale. Parece que el mandatario no es capaz de deshacerse de la guardia pretoriana que lo somete, aturde, confunde y le complica el futuro. En poco tiempo veremos las consecuencias legales de la desobediencia y el desacato y, para algunos, vendrán los lamentos y el crujir de dientes. ¡Al tanto!

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