LAS PECULIARIDADES DE los sucesos ocurridos en Guatemala permiten su uso como elementos de la trama de una novela —es decir, de una obra de ficción— en la cual haya una población de fantasía, un nuevo Macondo. El actual gobierno no es una excepción de lo inesperado: hace apenas seis meses, tanto el presidente Alejandro Maldonado como el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes, y con ellos la totalidad de la ciudadanía, no se hubieran imaginado un régimen encabezado por ambos, pero sobre todo por las razones de su llegada: las renuncias de quienes ejercían los cargos, quienes ahora se encuentran en la cárcel como consecuencia de las acusaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

A CAUSA DE SU BREVEDAD, apenas un poco más de tres meses, es correcto calificar a este gobierno como de transición, uno de cuyos significados es “pasar de un modo de ser a otro distinto”. En todo caso, ese calificativo encaja más en el país, porque se puede pensar en el paso de un gobierno irrespetuoso de la ley a otro sin esa lacra. Aunque se trate de un corto lapso, es posible afianzar y solidificar los anhelos ciudadanos expresados con toda claridad en las manifestaciones realizadas de abril a agosto, y en cierta forma en las elecciones generales del 6 de septiembre. Los dos nuevos mandatarios se pueden convertir en los voceros de la ciudadanía guatemalteca, porque tienen la ventaja de ser vistos como personas sin componendas politiqueras.

EN OTRAS PALABRAS, SON independientes. El Congreso debió elegirlos, primero al licenciado Maldonado como vicepresidente, y luego al doctor Fuentes Soria como su sustituto, en un hecho político obligatorio para el parlamento. Tuvo la diferencia con la mayoría, si no la totalidad, de las decisiones de los diputados, de no ser resultado de la necesidad de apoyos políticos demasiadas veces convertidos en acciones de efectos negativos, ilegales e inmorales. La mala costumbre de actuar de esa manera quedó clara cuando un diputado reprochó al presidente y a los candidatos propuestos por él para ocupar la vicepresidencia, porque ninguno de ellos ni el mandatario se había acercado a los partidos políticos para “cabildear”, según sus propias palabras.

EL PRINCIPAL RETO DE LOS DOS integrantes del Ejecutivo consiste en impulsar las reformas a las leyes Electoral y de Partidos Políticos, la de Servicio Civil y la de Compras y Contrataciones. Sin embargo, es necesario un plan para el beneficio nacional, consistente en limitar la acción parlamentaria a la aprobación de proyectos presentados por diversos sectores nacionales, incluyendo los políticos, y convertidos en acuerdos. La discusión de estos temas sería realizada en reuniones de la mayor cantidad posible de sectores, de donde saldrían los textos de los proyectos de ley. A causa de la forma de actuar del Congreso, sería terrible si los diputados reciben esos acuerdos y los aprueban después de suprimir o agregar temas, ya sea total o parcialmente, con lo cual el efecto con toda seguridad sería nefasto o contraproducente.

ESTA REFORMA A DICHAS leyes se puede convertir en el tema central de las actividades del corto gobierno actual. Puede ser la garantía del ingreso a la historia nacional con buen pie, pero además constituye un apoyo indirecto a quienes ganen las elecciones planificadas dentro de solo 32 días de distancia. El presidente y el vicepresidente tienen ahora la posibilidad de encauzar ese manifiesto deseo popular y al mismo tiempo urgente necesidad nacional, con la ventaja de significarle a los diputados un serio problema si se niegan a hacerlo o le dan largas al asunto. Lo irónico radica en su independencia de los partidos políticos, en general, y de quienes son jefes de bancada. Sería una tarea más difícil si hubiera razones partidistas para no apoyarla.