La legislación guatemalteca está saturada de normativas inaplicables, inoperantes y de dudoso o doloso cumplimiento. Algunas porque sus orígenes responden a otro momento de la historia, pero existen otras de reciente promulgación cuyo incumplimiento se traduce en el fortalecimiento de una industria criminal y en muerte, como es el caso de la Ley de Equipos Terminales Móviles, que buscaba poner fin al robo de celulares, lo cual nunca ocurrió.

Esa normativa no logró el objetivo de ahuyentar a los ladrones ni mucho menos proteger la vida de los usuarios de esos dispositivos, una de las más graves consecuencias, por ser Guatemala uno de los pocos países donde los delincuentes llegan al extremo de matar a sus víctimas si se niegan a entregar su teléfono.

Uno de los mayores efectos negativos de la inoperancia de esta ley es que sigue existiendo un pujante mercado de aparatos robados y esa ilegalidad mantiene una dinámica perversa, pero además peligrosa, pues no solo hay vidas de por medio, sino también otros hechos criminales conexos, por el uso que compradores vinculados con la criminalidad les dan a los dispositivos, principalmente para cometer extorsiones.

Aunque parezca increíble, registros oficiales reportan 111,120 teléfonos celulares robados en lo que va del año, una cifra que representa más de 600 de esos aparatos al día, lo cual ni siquiera es reportado en su totalidad a las autoridades encargadas de la investigación, pues el Ministerio Público apenas se acerca a denuncias que representan el 10 por ciento de casos y la Policía Nacional Civil solo tiene registradas 490.

Esto tiene una doble implicación. Por un lado, la persistencia de una fechoría que nadie ha podido detener, y por el otro, la poca confianza que las víctimas otorgan a las autoridades, ya que las denuncias son ínfimas en comparación con los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es la entidad responsable de llevar el registro sobre teléfonos celulares y una lista negativa para los robados.

La Base de Datos Negativa registró en los últimos tres meses de 2013, año en que entró en vigor la Ley, 48,476 aparatos robados, y en el 2014 la cifra escaló a los 224 mil. En el 2015 se reportaron 179 mil datos negativos, cantidad que al ser comparada con lo que va de este año resulta ser de una diferencia insuficiente por los riesgos implícitos en el robo de celulares, que se resiste a desaparecer.

Desde que entró en vigor esta normativa, la SIT reporta 779,551 aparatos negativos, lo que da esa vergonzosa cifra de más de 600 teléfonos celulares robados cada día, lo cual refleja la inoperancia de la ley o la burla de quienes tienen la obligación de velar por su cumplimiento, sobre todo porque también existe un registro trágico al que nadie parece darle importancia, a pesar de ser una de las más pujantes economías criminales.