Recientemente culminó en el Congreso el proceso de elección de autoridades ejecutivas del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco (Conamigua). Electos quedaron el titular y la subsecretaria; pero en ese extenuante proceso de relevo que duró seis años —desde que venció el nombramiento de la titular anterior, hasta que fue nombrado el sucesor—, despierta nuevamente la pregunta de cuál es el interés que motiva a políticos alrededor de un ente tan inoperante y en apariencia tan intrascendente. Tres posibles respuestas brotan. La primera, el interés que pueden tener por el enorme caudal de remesas enviadas por los migrantes a sus familias, y que solo el año pasado superaron los 8 mil millones de dólares. La segunda, la sempiterna codicia por dirigir burocracia que genera partidas y plazas laborales. Por ley, Conamigua tiene un presupuesto fluctuante, que aumenta conforme más remesas ingresan y más documentos se tramitan en los consulados. Y la tercera, el potencial político electoral de una población migrante cifrada por el ministerio exterior en más de 3 millones de personas (entre adultos y menores). Entonces, remesas, plazas o votos. ¿Cuál habrá de ser el interés perseguido por la fauna política que habita el Legislativo? Indaguemos.

En el primer escenario, buscarían participar del negocio de las remesas. Y es que vaya si no es enorme un flujo que hasta hace ver pequeña a la colosal industria azucarera. Con la totalidad de sus ingenios, esta no logra sino ingresar un mil millones de divisas anuales al país. Una octava parte de lo enviado por migrantes. Sin embargo, se ven complicaciones para que los políticos participen de esa deliciosa vianda financiera. El negocio de remesas gira principalmente dentro de la banca privada nacional, y habrían de generar ingeniosos planes de coinversión, quizás a niveles micro-locales, para capitalizar esas divisas. Pero para ello se verían necesarios altos esfuerzos de planificación y gestión, cualidades no mostradas por los políticos interesados. Otros trucos más burdos podrían tener más pronta rentabilidad, como gravar las transferencias internacionales o imponer seguros forzosos. Pero estas alternativas son políticamente improbables y por tanto improbable también este escenario.

¿Qué persiguen los políticos de Conamigua? ¿Acaso sus fondos anuales? Ciertamente su Ley impone que el Presupuesto del Estado le asigne una partida no menor al 0.05% de las remesas familiares —este año corresponderían Q29 millones— más un 25% del total recaudado por los consulados por la expedición de Tarjetas Consulares, Pasaportes, y legalizaciones. Tomando en cuenta que cada año, solo de pasaportes ingresan al Estado unos Q100 millones, el presupuesto nominal de Conamigua se vuelve sumamente codiciable, acercándose a unos Q80 millones anuales. Sin embargo, afectado por el déficit nacional y supeditado su presupuesto al del Ministerio de Relaciones Exteriores, en realidad el infructuoso Consejo no ha promediado más de Q13 millones anuales, y por tanto el interés disminuye respecto de otras dependencias más rentables.

Queda entonces observar cómo la ambición política puede instrumentalizar el Consejo para beneficios electorales. Mucho se ha hablado del interés por capitalizar el voto en el extranjero, pero este fue limitado por la incapacidad del Estado al organizar una elección presidencial afuera de las fronteras. Quizás más importante será observar cómo Conamigua, con sedes en el interior del país, puede convertirse en un aparato de clientelismo y proselitismo rural local. La reciente elección de autoridades del Consejo abre una nueva preocupación a la puerta del evento electoral de 2019.

@pepsol