La corrupción en el Seguro Social tiene larga data. No constituye una leyenda urbana que durante varios gobiernos el sector farmacéutico haya hecho gigantescos negocios no solo con este ente autónomo, sino con el resto del sector público de salud. Tampoco es nuevo que como producto de esas negociaciones cuestionadas por sus sobreprecios y otras malas prácticas hayan emergido vergonzosas fortunas que entre otras causas están bajo sospecha de haber financiado a candidatos presidenciales, diputados y otros funcionarios de importancia estratégica, tal y como lo señalaron oportunamente la Cicig y el MP el 15 de julio pasado.

Llama la atención el curso que sigue la inocultable batalla por el control del IGSS, luego de numerosas detenciones de directores y subalternos de hospitales, acusados de corromper el procedimiento de compra de medicinas. Se debe tomar conciencia clara de que detrás de la lucha hay una poderosa razón: su presupuesto anual supera los 12 mil 400 millones de quetzales, equivalentes a un promedio de 34 millones cada día del año, o, para hacerlo aún más claro, 1.4 millones por hora, que igualan 354 sueldos de 4,000 quetzales mensuales.

De esa suma, la más alta del Estado guatemalteco, casi el 19 por ciento —o sea 2,344 millones— está destinado a la compra de medicinas, foco actual del escándalo donde, entre otros, aparece involucrado el empresario Gustavo Alejos, ahora prófugo, uno de los proveedores de la evidentemente corrupta red de abastecedores del Gobierno, que también opera con total impunidad desde hace varios años.

Para tomar conciencia desde otra perspectiva de lo que estos números significan, es oportuno señalar que el presupuesto de la Presidencia y Vicepresidencia de la República más todos los ministerios ronda los 7,500 millones de quetzales, es decir, alrededor del 60% de lo que maneja el IGSS.

La semana pasada quedó en evidencia que el grupo de médicos acusados por el Ministerio Público en la compra amañada de medicinas y equipo hospitalario no dudó en recibir comisiones a cambio de hacer compras sobrevaloradas, práctica que data desde hace varios años pero que, al parecer, se agudizó durante la administración del hoy encarcelado Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social y muy cercano al expresidente Pérez Molina.

La actual junta directiva del IGSS ha dado muestras de estar dispuesta a sanear la institución, que tiene representantes de los trabajadores, el sector privado, el Gobierno, la Usac, el Colegio de Médicos y la Junta Monetaria. Por ello, no tiene lógica que el representante universitario, Édgar Balsells, a causa de presiones de un sindicato interno, ilegalmente haya sido impedido de ingresar en la directiva. Este economista opina, con razón, que una entidad de semejante tamaño debe ser manejada por un gerente general muy calificado. El presidente de la directiva, Carlos Contreras, si bien sufre la mácula de su relación con el gobierno pérez-baldettista, debe aprovechar su oportunidad de iniciar y continuar la moralmente urgente limpieza del IGSS, cuya incalificable corrupción ha provocado la muerte de miles de niños, hombres y mujeres guatemaltecos de toda edad.