Conforme han transcurrido los días salen a luz nuevos detalles de los acontecimientos previos al asesinato de los corresponsales Danilo López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, ocurrido el martes, y el del camarógrafo Armando Giovanni Villatoro, de la empresa Servicable, el viernes pasado. Se comprueba el gran peligro que significa ejercer el periodismo en Suchitepéquez, así como la cada vez más evidente acción delictiva de alcaldes y otros funcionarios ediles.

El caso debe continuar siendo investigado hasta sus últimas consecuencias, ya que es evidente que el alcalde de Mazatenango, Óscar Lemus, es una persona proclive a las amenazas contra los reporteros que denuncian en sus noticias acciones corruptas. El jefe edil se encuentra en un serio problema porque uno de los asesinos, al tratar de escapar de la escena del crimen, fue a refugiarse a su casa, según testigos, y posteriormente al ser entrevistado al respecto del atentado no demostró ninguna preocupación.

Las declaraciones de Danilo López en una entrevista concedida en febrero de 2014, hace poco más de un año, constituyen una firme acusación póstuma y un recuerdo del asesinato de Carlos Alberto Orellana Chávez, periodista y locutor asesinado el 19 de agosto de 2013, en Mazatenango, Suchitepéquez. Esto demuestra que no son exageraciones las denuncias, sin éxito, que los corresponsales han presentado en el Ministerio Público, acerca de actividades ilícitas en ese departamento.

Las autoridades policiales han demostrado que cuando se tiene la voluntad política, es posible que sean capturados los sospechosos en un tiempo muy corto, como ocurrió en esta ocasión; ahora el reto es para el sistema judicial del país, que no debería tener problemas en una sentencia ejemplar con las evidencias que ya se han conocido. Y el caso está llamado a mantener por mucho tiempo la atención, tanto dentro como fuera del país, aunque son muchos los reporteros que en los departamentos trabajan en un clima de angustia.

El asesinato de un periodista es el peor efecto de las amenazas de gente y sectores oscuros, que tienen como fin amedrentar y acallar. Pero hay otras maneras de amenazar a los reporteros: iniciar juicios absurdos y sin base contra periodistas y medios de comunicación que denuncian acciones corruptas. Estas acciones pseudolegales contribuyen a corroer la imagen de los funcionarios, lo que ocurre con mayor fuerza mientras sea más alto el nivel de estos.

Los retrata como intolerantes, por un lado, pero también como desconocedores del fundamental elemento jurídico, según el cual no constituyen delito alguno los señalamientos hechos a los burócratas en su calidad de tales, ante lo cual no debería existir ninguna represalia.

Ciertamente, no en la totalidad de crímenes contra periodistas la razón se encuentra en su trabajo profesional. Son seres humanos y pueden tener problemas personales con alguien, como cualquier otro ciudadano. Pero en este caso no cabe duda alguna de que los motivos de este asesinato son las denuncias de corrupción presentadas por Danilo López en sus reportes.