El actual gobierno es producto de un rechazo al “viejo sistema” más que una apuesta por un programa político, salvedad hecha de vagas referencias al “Plan de Nación K´atun 2032” o al lacónico Plan Visión 20/20. La falta de un proyecto y la dificultad para conformar un gabinete ministerial cohesionado dejaron pasar el primer semestre del año. Se habló de reformas políticas, judiciales y fiscales, cambios constitucionales y cuestiones similares que impiden que el clima de incertidumbre heredado de la pasada administración supere cuotas de baja credibilidad.

El aludido Plan Visión 20/20 tiene un apartado dedicado al “Fomento de las Mipymes”. En el mismo se recoge textualmente: “Según datos estadísticos, más del 70% de la economía del país es informal. ¿Qué? pasaría si este gran segmento de producción accediera a la economía formal por medio de un programa de desarrollo financiero, basado en créditos y microcréditos a tasas razonables? Sencillo, estas condiciones les permitirán superarse y pasar a un nivel empresarial superior”. Es decir, aspira a rescatar potenciales contribuyentes que están en la economía informal y, consecuente, no tributan ISR, lo que genera baja recaudación, presupuesto desfinanciado, desigual e injusta contribución y dificulta la prestación de servicios públicos de calidad.

A pesar de ello, el ejecutivo toma el rumbo fácil que antes emprendiera —equivocadamente y con impacto negativo— el gobierno del Partido Patriota. La propuesta que elabora pretende elevar el IVA y, al parecer, el ISR. Podría ser aceptable —en una discusión amplia de reforma fiscal— si se produjeran al menos tres condiciones, ausentes al momento. La primera, que se revisen la exenciones fiscales que privilegian a ciertos sectores. La segunda, que se amplíe la base tributaria y se ataque contundentemente ese 70% que no tributan ISR. La última, que el dinero que se pueda recaudar no sirva para pagar pactos colectivos espurios o mafiosos permanentes del sistema. La experiencia, sin embargo, apunta a que no ocurrirá nada de lo indicado. Habrá, seguramente, más dinero para salubristas y maestros pero no para Salud y Educación, sino que servirá para callar a sindicatos chantajistas. Prueba de ello, además de las conversaciones y pactos con sindicatos del pasado mes de mayo, fue aquel “Plan Robin Hood”, elaborado por sindicalistas de Salud e incluido en los presupuestos generales, con el fin de recaudar dinero para hacer frente al costo del pacto colectivo signado entonces. Ello se reflejó en la subida del cemento e impuestos extras a la telefonía, entre otros, luego descartados por la Corte de Constitucionalidad.

A la fecha, el Ejecutivo sigue en deuda. Se desconoce la planilla de los distintos ministerios y qué función desempeña cada empleado público. Baste una cifra para evidenciar ese caos y el correspondiente costo económico: en los últimos años se ha pasado de unos 30 mil empleados en el sector Salud a más de 55 mil, sin que se haya notado mejoría en el servicio, pero sí incremento del costo.

En esas condiciones, oponerse a reformas fiscales no es apostar por el subdesarrollo o negar mejores condiciones de vida para determinados sectores, más bien supone emplear la razón y exigir criterios de eficiencia y trasparencia antes de continuar presionando a quienes pagan, y someterse al chantaje de violentos sectores sindicales. Antes de reformar hay que declarar lesivos pactos colectivos tramposos, conocer cuántos empleados públicos tiene el Estado y dejar de gastar inútilmente cantidades desorbitantes de dinero.

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