Algo que indudablemente debe reconocérsele al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti es que se han convertido en los gobernantes que lograron unir a miles de guatemaltecos en manifestaciones de repudio en contra de la corrupción, un mérito que ni siquiera el gobierno de Alfonso Portillo obtuvo, pese a ser señalado como uno de los mandatarios más corruptos de Latinoamérica. Este último es incluso el mejor ícono de que la justicia también les puede propinar certeros reveses a quienes abusan del poder.

En el caso actual, vale recordar que esta ha sido una de las administraciones que han recibido abundante información sobre los escandalosos actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, y lejos de ponerle coto a la rapiña, se emprendieron acciones para acallar a los críticos y se buscó incluso manipular a instancias de justicia para silenciar las denuncias. Sin embargo, nunca se hizo nada para atender el clamor ciudadano por frenar los excesos, mientras seguían creciendo las quejas en contra de onerosos contratos públicos.

Esa conducta de gobernar a espaldas de la población y de ignorar los señalamientos le causó un enorme daño a la administración pública, y lamentablemente, cuando se ha desatado una de las mayores crisis políticas del país, se insiste en esos procedimientos y se pretende ignorar las recomendaciones que apuntan hacia un cambio estructural. Esa miopía en la conducción de la cosa pública puede acarrear un mayor deterioro en la imagen de instituciones fundamentales dentro del Estado.

Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la fiscalía especial del Ministerio Público pusieron al descubierto las operaciones de defraudación en el sistema tributario nacional, las expresiones de repudio no han cesado y paralelamente se han alzado voces que aconsejan cambios profundos en la Superintendencia de Administración Tributaria y en todo el servicio público. Lejos de atender ese clamor, las actitudes han sido de negación y rechazo y se perciben intentos de maquillar la crisis, pero no de buscar soluciones.

El pasado jueves, el presidente Pérez Molina fue abucheado en tres ocasiones, durante un acto público en el que la mayor cantidad de los presentes había asistido para que se les notificara de un beneficio en su estatus laboral, algo que la concurrencia, por supuesto, agradeció, pero que supo diferenciar en las reiteradas veces en que el mandatario insistió en mencionar el nombre de su vicepresidenta. Una clara muestra de conciencia sobre lo que la población percibe de la actual problemática.

Todo parece indicar que esas voces de protesta en contra de la corrupción no se acallarán en el corto plazo y mucho menos si se perciben mensajes que avanzan en la vía contraria de ese clamor. Por primera vez, es evidente que los guatemaltecos han dado una saludable muestra de exigencia ciudadana porque las instituciones públicas dejen de ser guaridas de facinerosos que se enriquecen a la sombra del poder, mientras que aumenta el número de víctimas por la desnutrición, las deficiencias en el sistema de Salud o la violencia, que continúa cobrando miles de vidas.