Los países que integran el recién bautizado triángulo norte de Centroamérica se aprestan a iniciar una etapa que puede ser crucial en la consolidación de sus democracias y del fortalecimiento de las instituciones, y para ello deben asumir el reto de combatir la corrupción, la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado. Estos son los principales retos que se desprenden de los 40 compromisos adquiridos entre ellos y el gobierno estadounidense, cuyo acuerdo se ratificó ayer.

Cada presidente de estos países estableció metas de cumplimiento en sus respectivas áreas, es decir que trascienden a sus propios gobiernos y que en esencia apuntan a un mayor desarrollo regional.

Para que eso se alcance también se deben cumplir condiciones previas, que son las que precisamente lastran ese desarrollo, que a la vez tiene otras consecuencias, principalmente para Estados Unidos, como es el caso de la migración de Centroamericanos y en los últimos meses de menores no acompañados, debido a la pobreza y a la delincuencia.

Esos objetivos involucran de hecho a todos los guatemaltecos, el Gobierno y también al sector empresarial, que fue uno de los más aludidos por parte del vicepresidente de Estados Unidos, que en las distintas ocasiones en las que se ha referido a la problemática ha insistido en la necesidad de que este país incremente su carga tributaria, algo que también han subrayado algunos de sus acompañantes.

Pero solo en materia de seguridad y justicia, los mandatarios abundaron en detalles de lo que se pretende hacer en los próximos meses y años, para remarcar que esta es un área estratégica para Estados Unidos.

El Salvador ha creado el Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, mientras que Honduras ha implementado mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, principalmente en lo referente al combate del narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de justicia, sin descuidar la protección de los derechos humanos.

Guatemala, por su parte, ha presentado como avances en esa materia la nueva incorporación de elementos policiales y el paulatino retiro de las fuerzas militares, algo que es parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana en manos civiles, pero que no constituye en manera alguna la solución, pues también hay que tomar medidas preventivas para reducir el enrolamiento de jóvenes en el delito y evitar la desintegración de familias, sobre todo por migración de uno o ambos padres.

El combate efectivo, no discursivo ni mediático, de la corrupción es otra condición para la ayuda y para la consecución de metas. Los tres países centroamericanos tienen ante sí una gran oportunidad, por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de llevar a cabo todos los esfuerzos requeridos.

Esto, por supuesto, incluye la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que el mismo vicepresidente Joe Biden elogió y que considera como un requisito ineludible para que el gigante del norte brinde la ayuda de US$1 mil millones ofrecida.