EDITORIAL

MP y Cicig dan otro duro golpe

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) volvieron a ser protagonistas ayer, después de terminado el proceso electoral de Guatemala, con motivo de la desarticulación de una estructura de corrupción por la adquisición de medicinas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo principal acusado es Gustavo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom. Por esta denuncia también están sindicadas otras 12 personas, 11 de las cuales no lograron escapar de la acción de las autoridades.

Ha sido un secreto a voces que alrededor de la compra de medicamentos para el IGSS existe desde hace muchos años un repudiable negocio que, sin lugar a dudas, tiene relación directa o indirecta con la muerte de los afiliados y sus familiares, a causa de otras negociaciones vergonzosas, como ocurrió con los tratamientos a pacientes renales, por los que ya se lamentan 37 víctimas mortales.

Lo investigado por la Cicig, gracias a la grabación de conversaciones telefónicas y otro tipo de evidencias, indica que se trata de un claro caso de tráfico de influencias, de uso indebido de información privilegiada, que era muy útil a causa de la conocida relación con numerosas empresas farmacéuticas. El hecho de que el señalado haya salido de su casa poco antes de la llegada de las autoridades constituye casi confesión y lo coloca en una situación complicada ante la justicia.

La nueva acción coordinada por la Cicig y el MP viene a demostrar de nuevo el nivel de podredumbre con que se han efectuado las adquisiciones millonarias de medicamentos. El IGSS resulta ser una mina de oro para quienes quieren enriquecerse a través de beneficiar a proveedores de todo tipo. La entidad encargada de la seguridad social también arrastra un oprobioso pasado con quienes han tenido la responsabilidad de su dirección, y por ello es que un altísimo número de su dirigencia ha terminado en prisión, debido precisamente a malos manejos financieros.

El proceso de depuración del Estado, que va implícito en la exigencia popular contra la corrupción, tiene con este caso una nueva muestra de su necesidad para que el país pueda reencauzarse. Por eso es que desde el último cambio en la cúpula de esa institución se criticó la decisión del entonces presidente, Otto Pérez Molina, porque en vez de tomar una decisión meditada para poner al frente de la entidad a una persona idónea, nombró a un miembro del Partido Patriota que ya ha dado muestras de tener poco respeto por la legalidad.

Con este nuevo embate en contra de la corrupción, el Sistema Judicial se vuelve a poner a prueba, ya que los involucrados en este caso de corrupción son empresarios que habrían incurrido en serias irregularidades para amañar compras millonarias en el IGSS.

Por supuesto que la presunción de inocencia es un derecho plenamente garantizado, pero también se debe reconocer que las compras millonarias de medicamentos han sido de las más cuestionadas, porque también los proveedores han jugado un papel clave en el financiamiento de políticos.

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