Las mujeres de Guatemala, en todos los niveles,  son el alma de la población. Y por ello, cuando una de ellas es sacrificada en el altar de la criminalidad proterva, es a la Nación a la que se golpea, se hiere y se ofende.

Esta consideración especial hacia las mujeres tiene un rango constitucional que ha figurado en varios textos legales. El artículo 18 de la actual Constitución Política de la República expresa que la pena de muerte no podrá imponerse a las mujeres. Y la de 1945 contemplaba la pena de muerte solo para “varones mayores de edad.”

Entonces, el derecho a la vida, la seguridad y el bienestar de las mujeres tiene sentido legal desde hace más de setenta años. Pero, en Guatemala donde la historia arrastra un dato sobrecogedor según el cual se registra un promedio de seis mil muertes violentas por año, muchas mujeres son asesinadas al margen de la ley. Y para horror de la opinión pública mundial , los datos anteriores indican que en los pasados diez años se registraron en este país más de sesenta mil muertes violentas, muchas causadas con armas de fuego; sin contar las que permanecen en el secreto de cementerios clandestinos no investigados.

El miércoles pasado, en una reunión pública, con base en cifras oficiales, provenientes de instituciones estatales, el Grupo Guatemalteco de Mujeres reveló que en 2016 fueron asesinadas 711 mujeres. El informe no utiliza la palabra asesinato, sino la de muerte violenta. Pero, todos sabemos que, en una enorme proporción, esas mujeres han sido torturadas, asesinadas a tiros, a puñaladas, asfixiadas y algunas descuartizadas

En el texto de ese impresionante informe, contenido en un folleto de 22 páginas, cuidadosamente preparado, con base en estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, se detalla que el mayor número de mujeres asesinadas —utilizo esta palabra, aunque no todas las muertes violentas encajen en la tipicidad del asesinato— se registró durante el primer año del Gobierno de Álvaro Colom y la menor cantidad de esos delitos en toda la historia de ese fenómeno criminal, se registró durante el último año de ese mismo Gobierno.

Esa disminución de la ola criminal tiene varias explicaciones. Una de ellas es el funcionamiento por aquellos tiempos de varias organizaciones de mujeres, al margen del Gobierno, y otra la acción constante de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (Conaprevi) que funcionaba bajo la guía de Samara Ortiz, profesional graduada, cum laude (con elogio), en la Universidad Francisco Marroquín. Conaprevi era parte de la Secretaría de la Mujer, de la Presidencia de la República y al igual que otras entidades, fue desmantelada por un Gobierno posterior en el que, por ironía, una de las figuras más poderosas era una mujer. Pero, como la historia de las necesidades públicas y sociales no desaparece, la Conaprevi ha sido rescatada y reactivada por el actual Gobierno; calificando el trabajo de esa entidad como una “urgente forma de retomar el rumbo para acelerar los esfuerzos para las acciones de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres”.

Pues, ojalá, esta reactivación de Conaprevi tenga buenos resultados. Hay países donde el asesinato de una mujer es algo extraordinario, o no se produce ninguno: Islandia, Japón, Singapur, Liechtenstein y Mónaco, son ejemplos. Intentemos imitarlos.