La tosudez del alcalde Álvaro Arzú volvió a manifestarse ayer cuando se rehusó a presentarse a dialogar con los representantes de las empresas de transporte pesado que han mostrado descontento por las nuevas restricciones para la circulación en la capital.

Durante una reunión en la que representantes del transporte pesado buscaron discutir la medida con la municipalidad capitalina, el jefe edil se limitó a enviar a sus emisarios para simplemente expresarles su negativa a por lo menos establecer un diálogo.

Hoy, unos 12 mil vehículos de transporte pesado iniciarán un paro en protesta porque la Municipalidad de Guatemala acaba de anunciar que se extenderá el horario que restringe el paso del transporte pesado por la ciudad.

Aducen que esa restricción se traducirá en un equivalente a perder 72 días de trabajo, cuando se suman las horas que cada vehículo quedará inmovilizado por las nuevas medidas.

Este sería el segundo paro masivo de transporte pesado en el país, aunque ahora la diferencia estriba en que la carga que se mueve es mucho mayor a la de hace algunos años y también en la actualidad se corre el riesgo de que pueda haber desabastecimiento de algunas mercancías.

Se estima que un efecto pernicioso para los consumidores podría tener repercusiones precisamente en las primeras 48 horas de paralización, lo que ocurriría con productos de consumo básico y probablemente combustibles.

Es mucho más serio lo que ocurriría en el caso de los carburantes, que son los primeros en afrontar el efecto de la especulación y el rumor, como ya ocurrió en las últimas dos noches, que el solo anuncio de esa posibilidad hizo que muchos automovilistas abarrotaran algunos expendios de gasolina para abastecerse, aún y cuando no había ocurrido nada, en explicable previsión.

Si bien es cierto que la ciudad está al borde del colapso por el creciente número de vehículos que transitan, también lo es que este país no puede seguir funcionando con base en berrinches de políticos intolerantes convencidos de que con imponer su voluntad se van a corregir algunas cosas, lo cual nunca ocurrirá y lejos de eso se corre el riesgo de que sean muchos más los afectados por esas divergencias.

Hasta ahora son muchas las municipalidades que han adoptado medidas similares, sin que se observen esfuerzos serios por buscar soluciones más integrales para que no se castigue a un solo sector, pero que al final el impacto se masifica hacia millones de consumidores, con incalculables efectos negativos para la economía nacional.

Este país ya debería tener en marcha proyectos de viabilidad que involucren a las autoridades de varios municipios, para no tener que tolerar el impacto negativo de soluciones antojadizas que pretenden castigar a unos cuantos, pero cuyo efecto alcanza a todo el país.

Difícilmente lograremos consolidar nuestra senda hacia el desarrollo si para ello se adoptan medidas que no solo generan dudas sino también un justificado rechazo, por el efecto negativo que con-llevan para empresarios y consumidores.