El beneficio colectivo en todos los órdenes debe ser tomado en cuenta a fin de que de inmediato se convoque a una reunión para tomar decisiones que traten de subsanar los graves efectos que causará a la economía nacional el paro de transporte pesado anunciado como protesta ante la decisión de la Municipalidad de Guatemala de disminuir el tiempo en que las unidades de esa clase puedan circular por las calles capitalinas.

Esa reunión es urgente, pero debe ser realizada con la idea de hacer a un lado las intransigencias provocadas por el ego exacerbado de las autoridades ediles de la Ciudad de Guatemala y al mismo tiempo la actitud de los transportistas, que no tienen conciencia de los efectos de su paro. Ambas posiciones radicales e irreflexivas tienen en común la irresponsabilidad de no tomar en cuenta el daño que le causen a los ciudadanos comunes y corrientes.

Ambas partes tienen, por supuesto, elementos de razón y de justificación, pero estos se esfuman como consecuencia de las molestias y daños ocasionados a los ciudadanos, que por ello dan la espalda a quienes están enfrascados en un pugilato que se convierte en absurdo. En suma, los dos han perdido la batalla de la opinión pública.

La gravedad del asunto obliga a que sea convocada una comisión de análisis y diseño de soluciones, en la idea de cómo en el caso de Venezuela participa una comisión vaticana. El Estado guatemalteco debería intervenir, pero la prudencia le debe aconsejar no hacerlo, en vista de la modesta capacidad del equipo de gobierno, sobre todo de quienes se encuentran en el círculo íntimo del presidente de la República.

Hasta el momento se ha logrado que la capital guatemalteca y buena parte adicional del país no se quede sin combustible, lo cual se debe a que un importante porcentaje del transporte de ese producto se realiza en camiones y tráileres propios. Pero la vida del país no solo depende de esto, sino también del transporte de centenares de productos, muchos de ellos perecederos. Si se generaliza el paro, los efectos sociales y económicos alcanzarán cifras muy altas, cuyo nivel ya se ha comenzado a medir y a hacer público. Se ha notado disminución del tránsito de automóviles, sobre todo el fin de semana, lo cual comprueba que los ciudadanos ya han comenzado a tomar medidas de reducción del gasto de gasolina.

Se ha hecho cada vez más clara la necesidad de construir, mejor si es por sistema de inversión privada pagada por peaje, las carreteras necesarias para iniciar o terminar el anillo periférico metropolitano, como es el caso de la obra entre Sanarate y alguna población de la carretera hacia occidente. Lo mismo debe ocurrir en las nuevas vías de comunicación interna de la capital, todo, eso sí, de manera técnica y bien hecha.

La intransigencia actual de la Municipalidad y de los transportistas debe ser eliminada. A partir de ahora los malos efectos de esa actitud, en todos los aspectos de la vida nacional, deben ser achacados a quienes, pudiendo comportarse de manera profesional, han optado por el capricho y actúan de espaldas a la ciudadanía. Las soluciones necesitan capacidad, pero sobre todo madurez.