Breve y contundente fue el comunicado que emitió ayer la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para dar a conocer que el pasado 22 de febrero una corte del Distrito de Columbia acusó de manera formal a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla de haber conspirado para distribuir cocaína en territorio estadounidense, sobre lo cual —agrega la comunicación— tenían pleno conocimiento.

La noticia constituye un nuevo y duro revés para las estructuras políticas del país, porque se constata que las copiosas denuncias sobre corrupción y otros ilícitos en los que pudieron haber incurrido muchos de los funcionarios durante el gobierno del Partido Patriota habrían ido más allá del vulgar abuso de poder.

La noticia también es un duro golpe para la imagen del país, porque es la vinculación de altos dignatarios en delitos que son materia de persecución penal por la justicia de otra nación. Una eventual extradición podría demorar si la justicia y la defensa de los sindicados acude a todas las instancias en Guatemala sobre otras acusaciones que enfrentan ambos exfuncionarios.

La primera pregunta que resulta inevitable es tratar de comprender hasta dónde pudo haber llegado la corruptela patriotista, pues ante una acusación de esta naturaleza también resulta obvio concluir en que las relaciones de los sindicados con estructuras criminales pudieron ser amplias y variadas.

Ambos exfuncionarios, así como otros colaboradores de la administración patriotista, enfrentan otros cargos, lo cual permite vislumbrar la dimensión de los abusos y a la vez solo puede ser explicado cuando atiende el poder ilimitado con que condujeron la cosa pública, que llegó al extremo de virtualmente inutilizar a otros organismos del Estado.

Esto explica el enorme daño que se le ocasiona a una democracia y a sus más emblemáticas instituciones cuando el poder se concentra en uno solo de sus organismos, mientras los otros se convierten en comparsas y hasta cómplices de gente inescrupulosa, capaz de manipular el tejido institucional a su antojo, al extremo de inutilizar cualquier posibilidad de fiscalización.

Esos excesos también son perversos cuando debilitan el funcionamiento de órganos tan importantes como el Poder Judicial, casi convertido en una caricatura cuando sus integrantes deben juzgar a quienes los han puesto en esos altos cargos, a los que llegan sin un ápice de independencia.

Baldetti y López Bonilla se suman a la lista de exfuncionarios que podrían enfrentar a la justicia en Estados Unidos, pues el primero fue el expresidente Alfonso Portillo, quien fue juzgado y condenado por un tribunal de Nueva York que lo encontró culpable de lavado de dinero, pero curiosamente había sido absuelto por la justicia guatemalteca.

Es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en un sistema cooptado, donde la separación de poderes se queda en un mero eslogan, debido al carácter pusilánime de la mayoría de funcionarios y a las nefastas posibilidades de acceder a un mundo de prebendas oprobiosas.