Pasarán muchos años para que se llegue a considerar al sistema de justicia guatemalteco entre los mejores del mundo y hay muchas razones para reforzar esa creencia, quizá la más poderosa es el nombramiento de jueces y magistrados por figuras poderosas de partidos políticos caídos en desgracia debido a los múltiples casos de corrupción ocurridos en los últimos años.

Pero también hay fallos polémicos que hacen dudar de la idoneidad de algunos juzgadores, porque sus resoluciones terminan beneficiando a políticos, a colegas y otros funcionarios que claramente han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, quienes a su paso por instituciones de gran relevancia han dejado mucho que desear.

Ayer, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones le enmendó la plana a la jueza Silvia de León, quien semanas antes había eximido de algunos cargos a Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del presidente Jimmy Morales Cabrera, por lo cual deberá ir a juicio, acusado del delito de lavado de dinero, al considerar que el Ministerio Público fundamentó las acusaciones de blanqueo en el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad.

Para Sammy Morales es un duro revés, porque ya en mayo la misma juzgadora había ordenado el primer proceso en su contra por el delito de fraude en el mismo caso en el que también se encuentra vinculado el hijo del mandatario, José Manuel Morales.

Lo cierto es que sobre este caso también han proliferado las versiones encontradas, desde los expertos que no ven mayor perjuicio causado por los acusados, al considerar que no hubo lucro en los hechos por los que están sindicados los familiares del presidente de la República.

Sin embargo, el fallo de la Sala Tercera se respalda en los argumentos de la parte acusadora, entre los cuales se incluyen evidencias y argumentos circunstanciados que ameritan una discusión en un tribunal de sentencia, por lo que esa etapa debería llevarse a cabo en aproximadamente cien días, que han sido los plazos para que el MP organice la investigación.

Este episodio en un caso de corrupción que involucra a parientes del actual mandatario volverá a desencadenar la polémica, aunque hasta ahora siguen siendo indicios contra los sospechosos y será la fortaleza de la acusación la que podría determinar un veredicto de culpabilidad, el cual sí sería un fuerte golpe para los Morales, por ser este último delito uno de los más castigados en la modificación al Código Penal.

Según el artículo 4 del decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero, las personas responsables de ese delito serán sancionadas con prisión inconmutable de seis a 20 años, más una multa similar al valor de los bienes objetos de delito.

Ese podría ser el panorama a enfrentar por los parientes del gobernante en el mediano plazo. Sobre el ilícito existen hoy dos versiones, la de la jueza Silvia de León, que lo había eximido de los cargos de lavado de dinero, y la defendida por la Sala Tercera de Apelaciones, que ve suficientes indicios para procesar bajo cargos delicados al hermano del actual mandatario.