A escasos 10 meses del inicio del gobierno presidido por Jimmy Morales, son cada vez más contundentes las pruebas de una política tendiente a limitar todo lo relacionado con el conocimiento público de cualquiera de las actividades relacionadas con el ejercicio del poder político, aunque ello se intente con burdas violaciones a las leyes.

Este periódico envió hace unos días una solicitud de datos, con base en lo regido por la Ley de Acceso a la Información Pública, para conocer detalles acerca de las exoneraciones de impuestos autorizadas por la Presidencia de la República, a fin de hacer comparaciones con acciones similares realizadas por gobiernos anteriores. Es decir, un tema de absoluto interés nacional y por ello del campo normal del trabajo periodístico.

Sin embargo, Carlos Humberto Alvarado Obregón, de la Unidad de Información Pública de la Secretaría General de la Presidencia, respondió que no va a acceder a la solicitud. Esto, a causa de una absurda interpretación del artículo constitucional en lo referente a la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros.

Al ser materia de temas públicos, la decisión viola la ley mencionada y el derecho humano a la información. Lo más preocupante es que encaja en acciones parecidas sobre el mismo tema, como lo fue la declaración de estado de Excepción, a la que se le agregó una prohibición igualmente ilegal que pretendía limitar otros derechos garantizados en la Constitución.

Lo absurdo de la medida, tomada con el entusiasta apoyo de la bancada oficialista en el Congreso, hizo que la decisión fuera derogada ante la avalancha de justificadas críticas.

Ahora, Morales decidió que sus conferencias de prensa serán realizadas en el Palacio Nacional de la Cultura, lo cual no tendría nada de sospechoso si no fuera porque en la Casa Presidencial se están haciendo trabajos internos que evidentemente se desean mantener ocultos a los periodistas, pero también por constantes y discutibles reuniones con diputados. Por aparte, el mandatario habla de que al ser su residencia, es un lugar de vida privada, afirmación que evidencia su desconocimiento, pues ese criterio solo se aplica a determinadas áreas de ese edificio público y no a la totalidad de las instalaciones.

No hay nada fuera de los límites de este ordenamiento legal al referirse a las actividades oficiales de los funcionarios públicos y, en todo caso, las autoridades del Gobierno evidencian también desconocimiento de las leyes y un claro desacato a la Constitución, que establece en el artículo 30 que “todos los actos de la administración son públicos”, y sobre todo aquellas en los que son utilizados fondos estatales.

La transparencia es uno de los elementos fundamentales de las promesas de campaña, junto con la afirmación de la intolerancia a la corrupción y al latrocinio. Todo esto se ha agregado a la larga lista de promesas incumplidas de los políticos. La dependencia de una prensa irresponsable, que intencionalmente mira hacia otro lado, es otro factor preocupante y, en el caso actual, ayuda a explicar el origen de los voceros informativos oficiales, que provienen de esos terrenos tan inconvenientes para el país.