Poco duró la intentona de quienes en realidad mandan desde las sombras al presidente Jimmy Morales para conculcar el derecho a la libre expresión y permitir las represiones violentas contra la ciudadanía. La andanada de críticas fue demoledora por medio de la Prensa y las redes sociales, que en esa forma se convirtieron en el factor determinante para el fracaso de esta prueba evidente de la verdadera y poco disimulada naturaleza intolerante y de tendencia dictatorial presente en las más altas autoridades del pintoresco gobierno que tiene hoy Guatemala.

Es importante señalar que ese bofetón a dos derechos ciudadanos fundamentales es un delito político no redimido con el simple mecanismo de la derogación anunciada ayer por el vicepresidente Jafeth Cabrera. El Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras entidades similares tienen la obligación de manifestar su repudio y protesta, y así considerar este asunto con la verdadera seriedad que amerita.

Se trata de la crisis más grave que le ha tocado vivir al gobierno actual en su corta vida, plagada de errores, actitudes irreflexivas, a veces rayanas en la comicidad y otras un verdadero ejemplo de incapacidad política generalizada, pero centrada en el jefe del Ejecutivo, como consecuencia de la imagen de un presidente casi convertido en monarca absoluto que tiene un porcentaje muy alto de la población, por razones históricas y de modo de ser de los ciudadanos guatemaltecos.

También se puede considerar que al derogar la suspensión de garantías constitucionales quedan comprobadas una vez más la improvisación, la precipitación y la incapacidad que imperan en el equipo superior del Gobierno. El desprestigio de sus integrantes puede convertirse en sí mismo en una crisis, porque algunos de ellos decidieron participar en el Ejecutivo como una forma desinteresada de colaborar con el país.

Los efectos negativos llegaron de inmediato. Desde Europa se recibieron mensajes de guatemaltecos residentes allí que preguntaban si se estaba gestando un golpe de Estado. Algunos países amigos, aunque de manera discreta, manifestaron su desacuerdo. Y, en general, la población comenzó a prepararse para participar en una marcha el fin de semana próximo, en lo que podría considerarse como el inicio del segundo capítulo de las reuniones de la Plaza, históricas y sin precedentes, ocurridas hace un año y que ayudaron a sellar la suerte del régimen anterior.

En algunos sectores se ha hablado de la necesidad de colaborar para que el presidente Morales pueda terminar su mandato. Es una preocupación que, de nuevo, quienes fueron electos deban salir antes de tiempo. Pero para que sea posible, el beneficiado con esa decisión debe entender que se encuentra al borde del abismo y ha de cambiar de colaboradores, haciendo a un lado a conmilitones, parientes, advenedizos y sobre todo personas con mentalidad políticamente cavernaria, jurásica. Lo ocurrido es la crónica de una crisis anunciada y obvia. Comprueba que aunque hayan pasado 23 años del serranazo, aún permanecen vivos los obtusos criterios que lo provocaron. La torpeza continúa y debe ser erradicada, en una tarea que se inicia con la depuración interna, sin la cual solo habrá retroceso.