Está claro que la peor crisis de institucionalidad por la que atraviesa el país está lejos de resolverse, sobre todo por la total obstinación del presidente Jimmy Morales al insistir en la misma ambigüedad que dio origen a la fallida expulsión del jefe de la Cicig y ahora con sus agresivos discursos sobre los procesos dirigidos en contra de la corrupción.

Esto no es ninguna coincidencia, pues es justo en el momento en que avanzan las fases intermedias de casos paradigmáticos, entre ellos el que involucra a su hijo y hermano, que sería, hipotéticamente, una de las causas de su hepático lirismo y, por supuesto, la solicitud de antejuicio planteada en su contra por el oscuro manejo de los recursos durante su campaña electoral.

Pero la razón más importante para esperar todavía días de virulencia es porque nuestra conflictividad ya rebasó fronteras y no solo ha hecho reaccionar a organismos internacionales y a calificadoras de riesgo, sino que ha aterrizado en el escenario político de Washington, donde por lo menos tres congresistas son las caras más visibles del malestar contra los políticos guatemaltecos.

Esa obstinación de las más altas esferas de poder en no quererse unir a los esfuerzos anticorrupción es la causa de nuevos y desafortunados episodios en los que aflora la mediocridad para abordar temas trascendentales, a lo cual se suman ataques injustificables a quienes tienen a su cargo la persecución penal, cuyo principal objetivo son quienes cometen los ilícitos.

No obstante, si Estados Unidos está apostando por el reforzamiento de la institucionalidad, no solo como un aporte generoso a Guatemala, sino como una forma de garantizar su propia seguridad regional, el mensaje aún no parece llegar a Jimmy Morales, quien cumple hoy precisamente 24 meses de haber ganado en segunda vuelta, gracias al clamor y el rechazo popular en contra de los corruptos, destapados por el MP y la Cicig.

El mandatario aún no es un aliado claro y decidido de las entidades de justicia; al ser consultado no solo se exaspera, sino responde con un lenguaje parabólico, del cual lo más claro que queda es su abierta y evidente molestia por los avances en la lucha contra la impunidad y el crimen.

Ahora, uno de los más importantes puntos de presión está en el Congreso de Estados Unidos, donde los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores han demandado al Departamento de Estado imponer sanciones más severas contra quienes participan en actos de corrupción, una advertencia que ha desatado comentarios desafiantes y burlescos de varios diputados que figuran dentro de los llamados Próceres de la Impunidad.

La razón por la que los congresistas estadounidenses son tan persistentes en sus exigencias es porque Estados Unidos es el principal donador de recursos para el funcionamiento de la Cicig, y ese dinero no lo dan los políticos ni instituciones de beneficencia, sino viene de los impuestos de los estadounidenses, sobre lo cual ellos también deben rendir cuentas.

Esa es una de las razones que justifican la preocupación sobre la precaria situación nacional, porque aquí en algunas instancias el combate de la corrupción avanza en caminos opuestos al interés nacional.