El modelo político imperante en el país logró proveer de un nuevo tanque de oxígeno al presidente, pero en esta ocasión a costa de devaluar aún más su credibilidad. Se redujeron los votos en favor del mandatario para rescatarlo de las manos de la justicia, y aumentaron de manera significativa los de quienes consideran que su caso no debe ser archivado, con lo cual se queda a la merced de cualquiera de los bandos del Congreso.

Aunque en la jornada de ayer fueron pocos los esfuerzos por intentar que la discusión sobre la inmunidad de Jimmy Morales no se conociera como moción privilegiada, los argumentos más razonados pusieron orden en el hemiciclo. En esa forma se dio paso a un nuevo espectáculo con una jornada de votaciones para decidir si le era retirado el derecho de antejuicio, pero se alcanzaron solo 70 votos, de 112 diputados asistentes, para dejarlo a disposición de la justicia común.

Los votos en contra de ese intento alcanzaron los 42, y ese número solo podría mejorar si estuvieran a favor del pacto oficialista los de los 46 diputados ausentes, aunque ni por asomo volverían a llegar a los 105 votos que el mandatario obtuvo el pasado 11 de septiembre, cuando parecía tener más respaldo parlamentario. Es claro entonces que la imagen y los respaldos hacia Morales siguen a la baja y si quienes dicen ser sus opositores insisten en atacar la frágil estructura del oficialismo, podrían obtener un éxito relativo, pues aunque ocurra, casi nadie se salva del escarnio a la actual legislatura.

Quienes desde las curules intentaron descalificar las masivas muestras de repudio expresadas el miércoles en distintas cabeceras departamentales se equivocaron y deberían darse cuenta del deterioro en los respaldos hacia el gobernante antes de cantar victoria, debido a que la indignación ciudadana, lejos de aplacarse, irá en aumento, no por motivaciones ideológicas, sino porque resulta ofensivo el descaro existente en las estructuras públicas.

Resulta tardío el llamado gubernamental a un diálogo amplio, porque primero se incurrió en demasiadas imprudencias y abuso de poder y al final sus promotores no cuentan con la suficiente confianza popular como para encabezar semejante reto, mucho menos avalar reformas en manos de un grupo de individuos incapaces de poner atención al evidente clamor ciudadano.

Mientras las autoridades no sean capaces de generar un mínimo de confianza en la población, deben dejar de lado los intentos para convencer a una ciudadanía incrédula, como consecuencia de la traición de la clase política, que simplemente ha buscado su beneficio, sin importarles el daño a la institucionalidad que ellos mismos han provocado con sus disparates.

El diálogo que busca el Gobierno, como una nueva bocanada de oxígeno, solo puede ser posible si se hacen a un lado quienes han vivido de la política y de los políticos, porque vuelve a parecer una torva táctica harto utilizada, la cual solo nos ha llevado a una de las mayores crisis. Cualquier búsqueda de reformas estructurales debe pasar primero por marginar a quienes se han burlado de la voluntad popular, pero a la ver lograr convencer a ciudadanos notables, merecedores de la confianza ciudadana para emprender la reconstrucción de un sistema derruido.