Violentos incidentes en la aldea La Puya

Pobladores de ese lugar se apostaron en el camino para impedir el paso de la maquinaria que será utilizada en la mina El Tambor. El uso de bombas lacrimógenas por las autoridades y de piedras, y palos por los aldeanos degeneró en un enfrentamiento de una ahora y media de duración, que dejó heridos a tres oficiales de la Policía y a seis agentes, así como a seis habitantes del lugar.

El rechazo de los aldeanos se remonta a marzo del 2012 y las negociaciones han tomado varios meses, con la participación del Sistema Nacional de Diálogo. Cuando un batallón policial se presentó el viernes al lugar para dejar libre el paso de la maquinaria, se caldearon los ánimos, lo que originó el enfrentamiento.

La Prensa publicó el sábado fotografías de personas extranjeras que parecían estar a cargo de dirigir las acciones de resistencia. Esto obliga a pensar que existen grupos foráneos interesados en causar problemas sociales en el país, y también necesario revisar qué debe hacerse con extranjeros que se encuentran dentro de los grupos de guatemaltecos que protestan porque sienten vulnerados sus derechos.

Muchos países, en casos similares, expulsan del país a estas personas luego de capturarlas y encarcelarlas, porque evidentemente se trata de un abuso a lo permitido a quienes tienen visa de turista. No se trata solamente de analizar si se encuentran legalmente en territorio guatemalteco, sino si sus actividades han provocado o contribuido a la violencia que ahora es lamentada y rechazada por la generalidad de la población. Las pesquisas deben girar alrededor del historial de ellos en sus países de origen y eso es labor de colaboración entre los sistemas policiales.

También es digno de análisis el hecho de que en algunas de esas manifestaciones de protesta participan mujeres con hijos de corta edad o en estado de gestación. Es evidente que la medida tiene como objetivo que alguna de ellas o los niños salgan heridos o afectados por los gases lacrimógenos, lo que provoca reacciones de protesta en algunos grupos y de rechazo en un alto porcentaje de la población, así como reportes periodísticos que se vuelven negativos para el país y las autoridades.

Una vez más es necesario señalar que urge hacer los mayores esfuerzos porque el tema de la mina —cuya construcción fue autorizada por el ministerio respectivo a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala— sea explicada no solo a los pobladores de la zona donde hay autorización para construirla, sino a la totalidad de guatemaltecos. Es un hecho que las actividades mineras no han sido explicadas con serenidad, sino solo defendidas o atacadas con más emotividad.