Según ese reporte, en 2013, cuya información debió haberse entregado el pasado mes de enero, de mil 243 instituciones obligadas a cumplir con ese mandato, apenas 693 lo hicieron, lo que indica una clara despreocupación por que en el país florezca y se fortalezca la cultura de la rendición de cuentas, sobre todo cuando se administran recursos públicos que muchas instituciones se dedican a gastar en forma poco responsable, como ocurre con la mayoría de municipalidades, aunque también lo hacen descentralizadas.

De hecho, en el reporte de la PDH se establece que son las comunas las que más evaden esa obligación, pues al menos 111 corporaciones ediles no entregaron su informe anual; ahora bien, lastimosamente, no sorprende saber que entre las más reincidentes en ese incumplimiento estén las de Palencia, San José del Golfo y Chinautla, precisamente algunas de las que tienen denuncias por mal manejo de recursos y que han permanecido en largos períodos a la sombra del poder, por el mismo camaleonismo político.

Lo cierto es que en Guatemala se ha enraizado la práctica de hacer oscuros los procesos públicos, y los funcionarios, de hecho, se vuelven evasivos para encarar requerimientos, sobre todo aquellos que mantienen entre sus presupuestos gastos injustificables, como en los de muchos ministerios, que contratan asesores, lo que ha despertado la ira de trabajadores con capacidad que se ven relegados por el amiguismo de los funcionarios que ofrecen perversos incentivos al servilismo.

Mucho de esto se evitaría si desde las altas esferas se predicara con el ejemplo y se exigiera mayor responsabilidad de los funcionarios, muchos de los cuales incluso burlan las leyes y los procesos con una irresponsable conducta en el modelo de gestión, principalmente en lo relativo a las compras que se están haciendo en forma directa o fraccionada para evitar las cotizaciones, con lo que se obvia la búsqueda de mejores precios y se rehúye a la optimización de recursos que resultan insuficientes ante la rapiña burocrática.

Lo que ratifica la creencia de una cultura reacia a la transparencia es que a los afanes evasivos de la mayoría de municipalidades también los acompañan los consejos departamentales de Desarrollo, las federaciones deportivas y un enorme número de oenegés, todas bajo el común denominador de manejar recursos que el Estado les otorga y que ellos no producen, sino que son el fruto de la productividad y esfuerzo de los contribuyentes, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y llevan recursos a las arcas nacionales; por lo tanto, lo más sensato y ético sería que los administradores dispusieran de ellos con la consideración del caso.