El presidente Otto Pérez Molina ha quedado tan debilitado en su mandato que cualquier nombramiento que haga será sometido al escrutinio público, como acaba de ocurrir con la designación del exministro de Trabajo y expostulado a la Vicepresidencia, Carlos Contreras, como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una entidad que ya lleva demasiados años envuelta en una crisis de credibilidad y saqueo de sus recursos por parte de sus dirigentes.

Por un lado, pareciera que el mandatario ha caído en una especie de autismo político, probablemente a raíz del desgrane de su gabinete, del desplome de su credibilidad ante la población y de las peticiones de su renuncia, no solo en las manifestaciones multitudinarias, sino también por parte de sectores diversos como los campesinos, los empresarios, el gremio de abogados y notarios y el estudiantado universitario, entre otras demandas para sanear el sistema.

Este instinto de fuga, o estrategia de mostrar indiferencia en espera de que se calmen los reclamos, no hace sino crearle a Pérez Molina una atmósfera enrarecida dentro de la cual considera tener el mismo peso moral y político que al inicio de su mandato; ciertamente sigue siendo el presidente, con todas las prerrogativas de ley, pero eso mismo es su talón de Aquiles, pues al no haber sido capaz de controlar a sus funcionarios, ni siquiera a los más cercanos, su autoridad quedó menguada, ante los excesos en la administración pública.

Una institución tan emblemática como el IGSS, que a su vez ha constituido una auténtica carnada para todos aquellos que lucran con la res pública, merece ya tener una administración digna, transparente y totalmente libre de cuestionamientos. Ese no es el caso de Contreras, quien ha tenido una activa participación en el partido oficialista e incluso fungió en algún momento como abogado de la defenestrada ex vicepresidenta. Su designación resulta poco acertada, debido a los vínculos partidistas, que también la hacen susceptible de impugnaciones legales.

El país está actualmente sumido en un espíritu generalizado de escepticismo, debido a los abusos, negligencia o incapacidad de las últimas administraciones de gobierno. La débil posición que sostiene el presidente Pérez Molina se carcome aún más al nombrar a un allegado, cuyo período tendría vigencia de seis años, como si fuera más bien un intento de guardar un último trozo de influencia, más allá del fenecimiento de su administración, en una institución que ha dejado de cumplir sus más claros objetivos.

El presidente ha desperdiciado quizá la última oportunidad que tenía de enviar un mensaje claro acerca de sus prioridades en favor del auténtico combate de la corrupción. Aún así, tampoco debería quedarle duda de que la población no se quedará indiferente y verá en este nombramiento una decisión apresurada, opaca y convenenciera. Sobre todo cuando se tenía la oportunidad de sentar las bases para un auténtico cambio en la dirección del Seguro Social, que maneja millonarios recursos, los cuales son sagrados para quienes son sus principales beneficiarios: los afiliados.