Cada día, quienes se encuentran en la conducción de los poderes del Estado se encargan de provocar en la ciudadanía reacciones, unas de asombro y otras de rechazo directo a causa de la imposibilidad o dificultad extrema de justificar las sugerencias o decisiones. Uno de esos casos ocurrió ayer, cuando se conoció el deseo de construir un edificio para albergar al Congreso de la República.

Ciertamente, sería necesario hacerlo si continúa creciendo de manera desmesurada el número de diputados, que ya llega a los 158, luego de haber sido 80 su número cuando comenzó a regir la actual Constitución de la República. Los interesados en poner este tema en la mesa de discusión son legisladores que controlan o son propietarios de empresas de construcción, una de las formas más evidentes de canalizar fondos estatales. Este tipo de compañías también están entre las más beneficiadas en los contratos.

Entre las razones para no construir un nuevo edificio parlamentario se encuentra el simple hecho de que, para impedir que el actual pueda seguir funcionando como hasta ahora, se requiere un cambio en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esto, en la práctica, es una decisión fácil, pero se torna complicada porque depende de los diputados, que nunca recibirán la orden de las juntas directivas partidistas para que reduzcan el número de inquilinos de las curules. Un Congreso numeroso facilita la corrupción y los hechos ilegales e inmorales, porque al no tener los partidos suficientes afiliados confiables y preparados para integrar el Organismo Legislativo, recurren a gente que nada más llega a levantar la mano o que representa realmente intereses muy oscuros y dañinos.

El tema de la construcción de oficinas para diputados surgió al interés público hace pocos meses, cuando se habló de la necesidad de que el Parlamento Centroamericano tenga una sede propia y no deba alquilar el edificio ubicado en la 12 avenida de la zona 5. Es injustificable hacerlo, porque también esa entidad ístmica, que nació con tantos proyectos, al no tener ninguna autoridad, sus veredictos quedan en el simple campo de sugerencias a las cuales nadie hace caso. Ahora es nada más un refugio de cuatro años para presidentes y vicepresidentes cuestionados, que se reúnen a conversar y que tienen todas las granjerías de los más altos funcionarios de los países que lo integran.

Debe recordarse que la cantidad mayor de diputados no es garantía de eficiencia. Todo lo contrario. Los congresos guatemaltecos iniciados a partir de la etapa de democracia electoral están integrados por una mayoría de miembros que simplemente llegan, levantan la mano para aprobar decisiones, casi siempre tomadas con segundas intenciones, y cobran a fin de mes, aunque —como está sucediendo en este momento—, a causa de la alianza entre patriotistas y lideristas, no sesionan.

En resumen, por vergüenza no se debe siquiera mencionar la idea de gastar en un nuevo edificio del Congreso dinero que el Gobierno debe invertir en salud, escuelas e infraestructura.