Luego de haber sido aprehendido en su residencia y trasladado a la carceleta de la Torre de Tribunales, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, integrante de la Corte Suprema de Justicia, le dijo a los reporteros que cubrían el suceso que “su mamá se encargaría de eso”.

Una frase que resulta la más clara evidencia de la forma como se manejan diversos casos en las instituciones guatemaltecas, donde se han creado redes y posicionado personas encargadas de enderezar entuertos, a través de conexiones, legalismos e incluso cuestionables resoluciones.

Desgraciadamente esta ha sido la cultura que durante décadas ha predominado en la vida de muchas instituciones en el país, donde las influencias en las altas esferas de poder se han encargado de aceitar los engranajes de una maquinaria que ha llegado a funcionar a la perfección pero para hacer daño, y por ello es que la corrupción echó raíces, al punto de que no será fácil romper con ese pasado oprobioso sobre el que apenas se atisban alternativas de solución.

En una de las conversaciones telefónicas presentadas por las autoridades que investigan el fraude al Instituto Guatemaltecco de Seguridad Social, las cuales fueron escuchadas ayer en el juzgado que lleva el caso, se pudo oír la voz del hijo de la magistrada Stalling cuando le decía a otro de los implicados: “Estamos moviendo ahí para que le den el contrato”. Esto no hace más que ratificar el tráfico de influencias enquistado en las instituciones.

En este caso se estima que las comisiones obtenidas por esta estructura, que medraba con los recursos del IGSS, podrían ascender a más de 15 millones de quetzales, por el otorgamiento de un contrato que no solo resultó doloso, sino criminal, pues a raíz de los deficientes tratamientos a los pacientes renales varios de ellos fallecieron, sin que el dolor de las familias le importara un ápice a esta mafia, que abarca incluso a empresas que dicen prestar servicios médicos pero que al parecer carecen de cualquier principio ético.

Por otra parte, resulta preocupante que en menos de cuarenta días hayan sido desarticuladas dos estructuras que ahora enfrentan cargos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, pero más espeluznante aún es saber que entre sus cabecillas, sindicados por el MP y la Cicig, figuren el otrora secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, hoy prófugo, y el ex secretario privado del presidente Otto Pérez Molina.

Paradójicamente, en ambos casos los funcionarios cuyos subalternos resultaron involucrados han cometido errores garrafales al reaccionar de manera tardía o minimizar el impacto, ya sea con declaraciones a medias, anuncio de medidas paliativas o destituciones que a todas luces buscan bajar la presión de una sociedad indignada que en diversas manifestaciones ha mostrado su abierto rechazo a la corrupción.

El caso IGSS es tanto o más grave que el de Aduanas, pues si bien se trata de recursos públicos, en este ya se han perdido vidas, directamente por ese ilícito que reclama justicia y una total renuncia a los subterfugios que han funcionado por demasiado tiempo.