El sector privado presentó un plan para terminar con la crisis, y exige combate inmediato de la corrupción, la anulación de contratos oscuros, así como continuar con la investigación de la red La Línea, eliminar plazas fantasmas, emitir leyes de transparencia, castigar a los involucrados en el caso de la pócima mágica de Amatitlán —tan apoyada por la ex vicepresidenta Baldetti— y otros asuntos igualmente escandalosos en el Ejército, el Aeropuerto y muchas otras entidades.

Por su parte, los líderes sindicales, entre sus numerosas exigencias, incluyen la investigación de compras sobrevaloradas en el sistema de salud, el desabastecimiento de medicinas y las acciones de Roxana Baldetti, pero también aprobar la ley de desarrollo rural, demandar la renuncia del presidente Pérez Molina y del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, así como nacionalizar la energía; no aprobar privilegios fiscales ni salarios mínimos diferenciados, detener el proceso electoral y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Afirman ser de los de abajo y “vamos por los de arriba”, para terminar indicando que continuarán los bloqueos si no son acatados sus planteamientos.

Como queda claro, la solución de la crisis pasa por tomar algunas decisiones presidenciales inmediatas que puedan ser consideradas como un paso firme para terminar con ella. Pérez Molina está solo, en una de las peores crisis políticas de la historia guatemalteca, y tiene el problema adicional de que ha disminuido mucho la confianza popular en sus palabras.

Los líderes sindicales y campesinos que quieren dirigir a los asistentes de hoy al parque central necesitan tomar en cuenta que la forma como se han expresado tiende a la violencia. Nada sería peor que un movimiento cívico que nació y se desarrolló de manera pacífica y ejemplar pueda derivar en acciones ilegales que obliguen a la intervención de las autoridades, que tienen la obligación de prevenir cualquier extralimitación. Hasta ahora, la protesta en contra de la corrupción en los principales centros urbanos del país ha sido un modelo de civismo que no se debe contaminar, ya que estas manifestaciones han sido incluso elogiadas en otras latitudes.

El presidente tiene aún posibilidades de solventar de manera adecuada esta crisis si decide tomar en cuenta las peticiones y sugerencias, sobre todo si mantiene su discurso de no estar dispuesto a renunciar. Por ahora, tanto el Cacif como los sectores campesino e indígena han hecho señalamientos, muchos de los cuales se deben tomar en cuenta, y eso debe ser a la mayor brevedad posible.