Pluma invitada

En el Día Internacional de la Conservación de los Manglares

Foro del agua tema que trato la Universidad del Valle de Guatemala en el cual se ve el tema del agua de como se debe de utilizar el agua.

Fotografía: Erick Avila.                             30/10/2018

Los manglares son grandes captadores y almacenes de carbono, albergan diversidad de flora y fauna, brindan protección a las costas contra tormentas y proveen sustento a numerosas familias. En la costa del Pacífico hay cinco áreas importantes de mangle: Monterrico, Hawai, Las Lisas, Manchón Guamuchal y Sipacate-Naranjo. Los dos primeros están reconocidos como áreas protegidas por decreto legislativo, el Manchón Guamuchal tiene una parte como reserva privada y Sipacate-Naranjo, aunque es considerada Parque Nacional, no tiene el sustento legal correspondiente.

Pese a lo anterior, se ha preservado la cobertura manglar en el área Sipacate-Naranjo. Al hacer el análisis de pérdidas y ganancias de bosque manglar se encontró un incremento neto del 11% al comparar el año 1990 al 2016. En 1990 se tenían 1,867 hectáreas; en 2006, 2,031 y en 2016, 2,078 (Rodríguez y Ramírez, 2018). Según un estudio técnico efectuado en el 2016-2017 por el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), financiado por Naciones Unidas, se constató la riqueza biológica, por ejemplo: Se identificaron 104 especies de aves y el 28% son migratorias; se reportaron 41 especies de mamíferos, de las cuales 21 corresponden a murciélagos, cuyas especies contribuyen en la dispersión de semillas de la flora que conforma el ecosistema.

Además se encontraron 120 especies importantes para la pesquería local. El 39% de ellas se pescan en el canal y el 61% restantes, en el mar; se identificaron 36 especies de árboles, incluyendo las 4 de mangle que caracterizan este ecosistema: mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.fil.), negro (Avicennia germinans (L.)) y botoncillo (Conocarpus erectus L.). El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que tiene bajo su administración esta área, ha articulado esfuerzos con distintos sectores como sociedad civil, empresas privadas de la zona, instituciones y autoridades locales.

Las 9 comunidades de la zona aprovechan la madera como leña y para construcción, pero la asociación de leñateros planta nuevos mangles en zonas donde hay mortandad. Algunos hoteles de la zona contribuyen con actividades de concientización y cuidado del mangle. El sector agroindustrial que opera alrededor del área está siendo cuidadoso de no ampliar áreas de cultivo que puedan significar una reducción del bosque manglar y de financiar investigación y conservación. Uno de los esfuerzos colectivos ha sido el programa de conservación de la tortuga marina entre el Conap, Ingenio Magdalena e ICC. Los primeros años también participó la Municipalidad de La Gomera (antes de crearse el municipio de Sipacate) y el proyecto Protortugas. Aparte de la cuota del 20% de huevos que los parlameros deben entregar al Conap, se les entregan víveres a cambio de huevos de tortuga. De esa cuenta se ha logrado la colecta de 275,000 huevos y liberación de 253,600 parlamas de 2013 a 2019.

Sin embargo, Sipacate-Naranjo no ha sido declarada área protegida, según los procedimientos establecidos por la Ley de Áreas Protegidas (decreto 4-89); por lo tanto no existe certeza jurídica, no están definidos los límites y tampoco lo que se puede o no hacer. Por ello, durante el 2016 el ICC, por encargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Conap y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desarrolló un estudio técnico y proyecto de ley como pasos del proceso de declaratoria legal como área protegida. Esta propuesta incluyó una extensión de 3,968 hectáreas en zona terrestre y 54,308 hectáreas en área marina. El expediente, incluyendo el proyecto de ley, se encuentra en el Conap desde 2017, esperando trámite para pasar al Congreso. Es importante la conservación de esta área natural por la riqueza biológica del ecosistema, así como por su importancia en la provisión de bienes y servicios, tanto para las poblaciones locales como para el país. Una ventaja es que existe anuencia de la declaratoria por parte de las comunidades, las autoridades municipales, las empresas agroindustriales que operan en la zona y otros actores relevantes.