Pluma invitada

La motosierra que Guatemala no se atreve a encender

La “motosierra” no era, como muchos quisieron caricaturizarla, un acto de destrucción irracional.

Desde mucho antes de llegar a la Presidencia, Javier Milei, de Argentina, construyó su discurso alrededor de una imagen poderosa: la motosierra. No era solo un símbolo mediático; era una propuesta concreta. Para él, el declive de Argentina estaba profundamente ligado a un Estado sobredimensionado, ineficiente y capturado por intereses políticos, donde el gasto público servía más para sostener privilegios que para generar desarrollo. 

Un Estado eficiente no es el que más gasta, sino el que mejor invierte.

Durante años, el aparato estatal argentino creció hasta convertirse en un sistema que asfixiaba al sector productivo. Empresas y emprendedores enfrentaban una maraña de impuestos, regulaciones y burocracia que hacía cada vez más difícil generar riqueza. Mientras tanto, el Estado crecía, pero la prosperidad no. Esa contradicción fue el combustible político de Milei. 

La “motosierra” no era, como muchos quisieron caricaturizarla, un acto de destrucción irracional. Era una metáfora de ajuste estructural: reducir ministerios innecesarios, eliminar duplicidades, cortar gasto improductivo y simplificar procesos. En esencia, quitarle peso al Estado para permitirle al sector productivo respirar. 

Ahora bien, ¿por qué esto debería importarnos en Guatemala? Porque, aunque en menor escala, estamos recorriendo un camino peligrosamente similar al de la Argentina pre-Milei. 

Hoy vemos cómo se celebra la creación de empleo, pero rara vez se cuestiona su naturaleza. Sí, se están generando puestos de trabajo, pero en gran medida dentro del mismo aparato estatal. Municipalidades y entidades públicas siguen ampliando sus planillas, muchas veces bajo una lógica política: crear dependencia para asegurar lealtad electoral. 

Ese modelo no es sostenible. No genera riqueza; la redistribuye y muchas veces la diluye. 

En Argentina, ese mismo esquema creó una trampa: miles de personas dependían del Estado, no porque fuera eficiente, sino porque era el único empleador disponible. Esto generó una resistencia natural a cualquier intento de reforma. No porque el sistema funcionara, sino porque cambiarlo implicaba riesgo personal para quienes dependían de él. 

Guatemala aún está a tiempo de evitar caer en ese punto. Cualquiera que haya intentado desarrollar un proyecto formal en el país, especialmente en construcción, sabe lo que implica enfrentarse al aparato burocrático: procesos redundantes, tiempos excesivos, costos innecesarios y una fragmentación institucional difícil de justificar. No es un sistema diseñado para facilitar la inversión, sino para sobrevivir de ella. 

Y aquí es donde la analogía con la motosierra cobra sentido. No se trata de recortar por recortar, ni de debilitar al Estado. Se trata de enfocarlo. Un Estado eficiente no es el que más gasta, sino el que mejor invierte. En lugar de expandir estructuras burocráticas, el esfuerzo debería centrarse en invertir en infraestructura, educación, salud y crear las condiciones que permitan al sector privado generar empleo digno, sostenible y mejor remunerado.  

Porque esa es la diferencia clave: el empleo público puede aliviar en el corto plazo, pero el empleo productivo construye futuro. Guatemala no necesita más burocracia. No necesita más trámites ni reprocesos. Necesita más oportunidades. Y quizás, solo quizás, también necesita el valor político de encender su propia motosierra. 

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