Nayib Bukele lo logró: es un autócrata

Entre la noche del sábado 1 de mayo y la madrugada del domingo 2, en su primera sesión legislativa tras arrasar en las elecciones de febrero de 2021, los diputados del partido de Bukele, Nuevas Ideas, dueños de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, violaron la Constitución salvadoreña para dar todo el poder a su líder.

Sin respetar las reglas democráticas del país, algunas de ellas alcanzadas tras 12 años de guerra civil y más de 75.000 muertos, la Asamblea destituyó en una sola jornada a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, dos organismos independientes que han sido vitales para detener los repetidos intentos de Bukele de gobernar sin respetar las reglas democráticas. Sin las consultas a las que obliga la Constitución, se leyó una lista de sustitutos afines al bukelismo y se aprobó.

Lo diré de otra forma: el sábado, mientras cenaba, El Salvador aún tenía un sistema de contrapeso de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando desayuné el domingo por la mañana, un señor de 39 años era dueño de todo. Cené en una república imperfecta. Desayuné en una dictadura en ciernes.

Cualquier duda ha sido disipada y la historia debe registrar que en 2021 Latinoamérica tuvo, una vez más, un país donde todo el poder se concentró en un solo hombre.

Este hombre lo venía buscando desde que en junio de 2019 llegó a la presidencia. Incluso cuando Bukele era alcalde de la capital daba señales de que las reglas democráticas le estorbaban, y convocaba a una marcha contra la Fiscalía solo porque le llamaron a declarar. Siendo presidente se tomó con militares la Asamblea porque no le aprobaron un préstamo. En cuarentena, violó la Constitución sistemáticamente. Ahora es el todopoderoso en El Salvador.

Es posible que la historia señale este fin de semana como el inicio formal de su régimen. Y vale decir que no lo construyó solo, sino con el apoyo masivo de una sociedad que vuelve a autoflagelar sus derechos mientras aplaude a un nuevo caudillo, una sociedad que ha demostrado una vez más su ignorancia de la democracia. Pero el régimen también se ha construido gracias a la actitud pusilánime de decenas de funcionarios públicos que, entendiendo que lo que hacen es ilegal, han decidido conservar sus puestos y sus salarios, temerosos de ser ubicados en el bando de los traidores, los opositores, y sufrir las consecuencias. A esto también, la historia los juzgará.

Y, sin embargo, una de las pocas posibilidades de que el régimen colapse está en manos de esa misma gente: la sociedad aturdida y los funcionarios temerosos. La esperanza es que salgan de ese aturdimiento y que abandonen esa cobardía.

Los gobiernos del mundo, ahora mismo, pueden hacer poco. Desde legisladores estadounidenses, pasando por miembros del Departamento de Estado, la vicepresidenta de Estados Unidos, embajadores, líderes de organizaciones globales o representantes de Naciones Unidas, los mensajes de repudio llovieron, y Bukele respondió con un tuit: “A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… Y eso no es de su incumbencia”. Lo que la comunidad internacional piense de sus formas inconstitucionales, parece decir Bukele, le importa tanto como para escribir un tuit, pero no lo suficiente como para detener su desmantelamiento de la democracia.

Sus aliados ya anunciaron que habrá más destituciones por la misma vía legislativa.

Los magistrados destituidos habían declarado inconstitucionales algunas medidas tomadas por Bukele durante la cuarentena, como suspender garantías constitucionales con solo un tuit. Y el fiscal destituido, menos determinado en sus acciones que los magistrados, había iniciado una investigación tras la revelación periodística de que el gobierno lleva, desde la toma de posesión de Bukele, negociando con la Mara Salvatrucha-13 la reducción de homicidios y ayuda para las pasadas elecciones legislativas. Así que por la madrugada del domingo, los nuevos magistrados y el nuevo fiscal, todos cercanos a Bukele, entraron a la Corte y a la Fiscalía para usurpar esas oficinas y desarmar la breve democracia salvadoreña, que ya era raquítica antes de la llegada de Bukele.

En este momento, a poco de cumplir el segundo año de mandato, Bukele tiene lo que quiere: una Asamblea Legislativa donde 64 de los 84 diputados votan utilizando solo el criterio de lo que su líder pida; una Sala de lo Constitucional que entra violando la Constitución y que difícilmente rebatirá uno de sus designios o protegerá el texto democrático. Y un fiscal general que ya antes ha defendido los intereses del gobierno de Bukele, como defensor designado por la presidencia.

La sensación reinante es de temor: algunos de los magistrados destituidos, así como el fiscal, publicaron cartas renunciando a sus cargos luego del golpe legislativo, apartándose del debate. Rechazaron los argumentos con que los destituyeron, pero se apartaron.

Los pocos y débiles contrapesos que quedan, como el procurador de Derechos Humanos, están en la cuerda floja, y pueden perder su cargo en la próxima plenaria legislativa. Una de las diputadas de Bukele, en reacción a un comunicado del procurador condenando lo ocurrido, tuiteó, aunque luego borró: “You are next”. Esto no ha acabado.

En los días y años por venir, El Salvador probablemente verá arrestos injustificados de opositores, ataques contra medios de comunicación utilizando todas las herramientas del Estado, un enriquecimiento obsceno y descarado de parte de los miembros de su gobierno, modificaciones constitucionales a su medida y reglas electorales que se le ajusten. Bukele se cree el elegido y más de un 80 por ciento de la sociedad salvadoreña lo ve de esa forma y aplaude sus acciones, así con ellas les reste derechos fundamentales.

La única posibilidad de que esto no ocurra es que el sistema implosione. La esperanza más viable es que poco a poco sus funcionarios entiendan que algún día perderán su cargo y tendrán que enfrentar sus acciones. Algunos de esos funcionarios son diputados jóvenes, que rozan los 30 años, y que se estrenaron en un cargo público violando la Constitución. Esa camada de políticos podría darle la espalda al líder para ayudar a El Salvador a regresar a la senda de la democracia. Pero de momento es claro que prefieren actuar como peones del rey.

La comunidad internacional también debe jugar un rol determinante en el proceso de abrir los ojos a algunos políticos fieles a Bukele y de impedir que la ya atemorizada oposición —liderada por el antiguo binomio Arena y FMLN que dominó la política salvadoreña hasta la irrupción de Bukele— muera en silencio.

Mientras buena parte del país celebra la recién instalada autocracia, la sociedad crítica está sumida en días de miedo y ansiedad. Cuesta otear un futuro esperanzador donde el presidente se sienta menos dueño de todo. Solo el cambio individual puede ayudar a restablecer un panorama colectivo democrático. El Salvador, una vez más, necesita a ciudadanos valientes, dispuestos a sacrificar su comodidad y sufrir persecución a causa de su defensa de la democracia.

Mientras tanto, en mi país no impera ningún Estado de derecho, sino un hombre.