Estados Unidos
Pluma invitada
Por miedo al mal, no podemos impedir el bien
Un Estado fuerte no es aquel que multiplica los obstáculos, sino el que establece reglas claras.
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A veces, cuando tratamos de hacer las cosas con buenas intenciones, los resultados no son los esperados. No existe la menor duda de que el funcionamiento del gobierno, a lo largo de la historia, ha estado marcado por actos de corrupción y por personas que han utilizado lo público para beneficio propio, sin vocación de servicio ni compromiso con la prosperidad del país.
La verdadera solución es más profunda y más exigente: educación, ética y moral.
Sin embargo, también es cierto y es importante decirlo con claridad, que sí existen buenas intenciones dentro del Estado. Existen funcionarios honestos, comprometidos y con un deseo genuino de hacer bien su trabajo y de mejorar Guatemala. Personas que creen en el servicio público y que quieren que las instituciones funcionen.
Siendo representante del sector privado en varias instituciones del Estado, he podido verlo de primera mano. He visto iniciativa, voluntad y capacidad. Pero también he visto cómo muchas de esas buenas intenciones quedan paralizadas. He visto procesos que podrían resolverse en días convertirse en trámites que duran años, no por falta de voluntad, sino por miedo: miedo a equivocarse, miedo a firmar, miedo a que una decisión bienintencionada termine siendo cuestionada, observada o incluso criminalizada.
En ese contexto, las leyes creadas para prevenir la corrupción, como la Ley de Contrataciones, aun naciendo de una intención correcta, han terminado generando efectos no deseados. En la práctica, parecen crear dos tipos de usuarios: quienes encuentran la manera de “jugar” con el sistema para su propio beneficio y quienes, actuando de buena fe, prefieren no actuar por temor a cometer un error y enfrentar consecuencias desproporcionadas.
El tramposo, hay que decirlo con honestidad, nunca se ha detenido por una ley. No le importan los candados, los formularios ni los procedimientos. Encuentra la forma de rodearlos, corrompe a quien tenga que corromper y sigue adelante. Cuando una persona actúa con intereses espurios, ninguna norma adicional va a convertirla en honesta.
Por eso debemos hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto, en nuestro afán por prevenir el mal, estamos impidiendo el bien? ¿Cuántos proyectos, inversiones, obras y soluciones se han quedado en el camino porque el sistema castiga más al que quiere hacer las cosas bien que al que quiere hacerlas mal?
Los procesos de la administración pública no son los culpables de los actos delictivos. Los culpables son las personas. Y mientras sigamos creyendo que el problema se resuelve únicamente con más leyes, más controles y más burocracia, seguiremos frenando a quienes sí quieren cumplirlas.
La verdadera solución es más profunda y más exigente: educación, ética y moral. Debemos formar ciudadanos y funcionarios públicos íntegros desde la infancia, con valores sólidos, sentido de responsabilidad y vocación de servicio. Y, al mismo tiempo, diseñar leyes que permitan al Estado funcionar, ejecutar y servir, sin miedo paralizante y sin trámites innecesarios.
Normarlo todo no nos hará un mejor país si no formamos mejores personas. Busquemos un gobierno que pueda trabajar, decidir y ejecutar; un gobierno eficiente, efectivo y honesto, construido sobre la integridad de quienes lo conforman.
Además, es momento de abrir una conversación seria sobre cómo equilibrar control y confianza. Un Estado fuerte no es aquel que multiplica los obstáculos, sino el que establece reglas claras, supervisión efectiva y consecuencias reales para quien delinque, sin convertir cada decisión administrativa en un riesgo personal. Solo así podremos transformar la buena intención en resultados concretos y devolverle al servicio público el dinamismo que el país necesita.
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