EDITORIAL
Precaria defensa de medidas unilaterales
Guatemala está de nuevo en una situación de máxima tensión con las irreflexivas medidas anunciadas por el Gobierno para descabezar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Una vez más, la resolución del conflicto queda en manos de la Corte de Constitucionalidad, que solo tiene dos caminos: o se pone del lado del oficialismo y avala sus impertinentes decisiones o aplica lo que en rigor legal corresponde.
Si fuera este último el rumbo a tomar, se va a producir una situación indeseable, pues el Gobierno ya ha dado suficientes muestras de la inmadurez e interesada asesoría con la que está tomando muchas decisiones, lo cual se agrava cuando la pareja de gobernantes parece tener muy poco conocimiento de los alcances de sus decisiones.
Ayer, el vicepresidente repitió declaraciones pueriles cuando los periodistas le pidieron su opinión sobre la decisión del Gobierno de expulsar a 11 investigadores de la Cicig. Dijo Jafeth Cabrera: “Tenemos la potestad jurídica para hacer esas cosas”. Luego agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la decisión por esas expulsiones y si se cumple el plazo y los investigadores no salen de Guatemala, el “Ministerio de Relaciones tendrá que ver lo que hace”.
Esas palabras, carentes de conocimiento sobre los alcances de las medidas tomadas por el Ejecutivo, son incompletas, pues existe jerárquicamente un superior sobre cualquier decisión ministerial, y este es el presidente, quien deberá responder y tomar las acciones debidas si la CC le ordena la destitución de la actual canciller, pues por sí sola no puede asumir el reto de violentar el acuerdo con Naciones Unidas.
Si el Gobierno opta por desobedecer cualquier resolución de la CC que no le sea favorable e insiste en escudarse en el estulto argumento de defender la soberanía, solo va a complicar la situación, porque sería la primera vez que el Ejecutivo entraría en franca rebeldía con fallos del máximo órgano constitucional del país.
Dice Cabrera que la renovación de las visas a funcionarios de la Cicig no interfiere en las investigaciones, lo cual también es un argumento sin base, porque siendo el presidente uno de los sujetos de investigación por parte de la Cicig, su decisión está contaminada, a causa del conflicto de intereses, y claramente busca entorpecer investigaciones que, de lograrlo, beneficiarán a muchos señalados de corrupción.
Solo el netcenterismo y los defensores oficiosos del Gobierno pueden avalar la impertinente decisión gubernamental, pues ahora es diferente de cuando el presidente anunció la no renovación del mandato de la Cicig. En esta ocasión está actuando de manera ilegal y eso solo tiene cabida en regímenes totalitarios, en los que se irrespetan las garantías esenciales.
Con estos nuevos hechos se ratifican los niveles de estulticia con los que se conduce este gobierno, el que también evidencia que ha sido el peor de nuestra historia reciente, al dar marcha atrás en todo esfuerzo por combatir la corrupción.
Así como durante décadas las mafias enquistadas operaron a sus anchas, también llegará el momento en que la justicia se libere del yugo de la cleptocracia.