El acomodo del sistema de justicia deberá todavía librar muchas batallas para que pueda hablarse de un pleno estado de Derecho, y cuando más de alguna judicatura decide vincular a proceso o permitir que avancen las investigaciones contra funcionarios de la más alta jerarquía es porque efectivamente son figuras que han sido revestidas de una alta autoridad y en este país el poder se ejercita con muy pocas limitaciones. Algo de esto se intuye con el reciente traslado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a las instalaciones del Hospital Militar, donde hasta ahora nadie sabe a qué proceso fue sometida.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de la ex vicemandataria adujo que era para removerle un catéter, lo cual no debería haber requerido de procedimientos tan engorrosos para poder cumplir con ese requerimiento. Lo malo fue que de repente todo el que era ajeno a esa instalación quedó desconectado de cualquier información, y debieron ser las mismas autoridades del Sistema Penitenciario las que interpusieron un recurso de exhibición personal para determinar el paradero de Baldetti, quien nunca debió haber quedado separada de sus custodios.

Alguien deberá ahora responder ante la justicia del porqué de un procedimiento poco transparente que, además, obligó a que las mismas autoridades acudieran a un juzgado de turno, por las implicaciones legales que eso pueda tener, empezando por quienes tienen la responsabilidad de custodiar y quienes están privados de libertad. Pero el hecho también deja mal paradas a las autoridades de ese centro hospitalario, en el que muchos pacientes de alto perfil público buscan guarecerse cuando enfrentan procesos judiciales de alto impacto.

Si bien es cierto que las cárceles del país son una amenaza para cualquier privado de libertad, también lo es que el deambular de Baldetti ha estado lleno de versiones que apuntan a un inocultable caso de privilegios, empezando por el tipo de custodia que la protege y la conduce, como precisamente ocurrió en el centro de detención preventiva Santa Teresa, donde reclusas y guardias penitenciarios denunciaron el ingreso de electrodomésticos, algo que incluso habría contribuido a alimentar el paro de labores que varios de ellos protagonizaron el pasado viernes.

Eso, como bien lo dijo recientemente el juez Miguel Ángel Gálvez, ha sido un problema que no han podido, o no han querido, resolver las autoridades del Organismo Ejecutivo, que son las directamente responsables por las condiciones en las que se encuentran muchos penales, que constituyen un verdadero atentado para quien ingrese en alguno de esos centros. De hecho, solo en las últimas dos semanas han muerto al menos ocho reos a manos de violentos pandilleros que aun dentro de los centros carcelarios están fuera del control de las autoridades.

Si bien esa es una cruda realidad, también se debe tener mucha prudencia en que tampoco se excedan los privilegios hacia otros privados de libertad, pues al final aquí nadie puede mantener ocultos esos hechos, sobre todo si determinados abusos se cometen frente a miles de empleados públicos con promesas salariales incumplidas. Esa es la peligrosa mezcla que se ha combinado en este último caso y puede seguir ocurriendo si los abusos persisten, con mayor razón si de por medio también se pretende burlar a la justicia.