Hermanas y hermanos de El Cambray: respetuosamente me dirijo a ustedes para manifestarles mi solidaridad ante su dolor y para comunicarles algunas preocupaciones respecto de los planes que el Gobierno hace sobre su futuro. En un primer momento vimos con agrado la agilidad con que respondió ante su tragedia. Conforme pasa el tiempo surgen preguntas incómodas, que deben contestarse antes de que el Gobierno siga tomando decisiones por ustedes.

Tengo a la vista un documento, de fecha 14 de octubre, que enviaron los miembros del Concejo de San José Pinula al Presidente de la República, en el que expresan preocupación, pues hasta antier no habían sido notificados oficialmente sobre el traslado de las familias afectadas de Santa Catarina Pinula a San José. Al enterarse (por los medios de comunicación) del posible traslado de más de cien familias a un área que no tiene las condiciones de habitabilidad, solicitan que se les notifique oficialmente, como institución del Estado, para coordinar el proyecto de urbanización y construcción de viviendas, pues trae aparejados aspectos económicos, sociales, ambientales, de educación, seguridad, salud y transporte, que afectan y crean un impacto, tanto en los posibles nuevos vecinos como para los actuales habitantes del municipio.

Piden que (antes de empezar) se aseguren los instrumentos técnicos, como una Evaluación de Impacto Social y Ambiental rigurosamente elaborada. Y solicitan que se consideren otras posibles opciones, que sí existen en el municipio al cual pertenecen los damnificados, para evitar el desarraigo. Queda claro que los miembros del Concejo no quieren incurrir en ilegalidades (como las que se cometieron en la lotificación de El Cambray) y ser responsables de otra tragedia, por la premura con que les quieren obligar a actuar.

Hay rumores de que muchos de ustedes no quieren ir a vivir tan lejos de la capital; que desconfían de las promesas gubernamentales. Eso se entiende perfectamente, gracias al récord de traslados que tiene el Gobierno de Guatemala. Fresca está la memoria de las casas tipo Baldetti con que ofendieron a los afectados por el terremoto en San Marcos; no tan frescos (pero más terribles) son los recuerdos de los fracasados reasentamientos de Santa Catarina Ixtahuacán, Senahú, Esperanza y La Unión, en San Lucas Tolimán. En ninguno de estos casos se consultó a los afectados, solo se reconstruyó el riesgo y la gente no vive ¡hoy! en condiciones dignas.

El Gobierno tiene un fondo destinado a mitigar daños causados por fenómenos naturales, creado con el aporte voluntario y adicional de las compañías extractivas. Allí debería haber (por lo menos) Q191 millones. Los personeros de la mina Marlin afirman que su compañía ha aportado Q132 millones. Algunos de esos millones se podrían usar en este caso, si en realidad hay voluntad política para ayudarles a enfrentar sus pérdidas; ustedes podrían adquirir viviendas dignas, en lugares de su elección. ¿Dónde está ese dinero?

Esta es la nueva Guatemala, donde despertaron la solidaridad de los habitantes, el deseo de un combate frontal a la corrupción y la decisión de la ciudadanía de participar. ¡Estamos con ustedes!