Léalo así, como es de claro: Hoy en día, la mayor fuente de ingresos a Guatemala proviene de actividades calificadas como ilegales por las autoridades del país donde se generan. ¿Agobio? Sí, por favor. Uno doble para mí.

Esta semana, las remesas provenientes de EE. UU. volvieron a ser noticia. El Banco Central reportó una marca inédita al inicio de año, y los titulares no se hicieron esperar: “Un histórico enero, 22% mayor al enero anterior”. La justificación inmediata se atribuyó al temor infundido por el efecto Trump, y aunque no hay duda de que el temor generalizado alteró los hábitos, también hay que observar que desde 2010, todos los años, las remesas han reportado un aumento sostenido. De hecho, hace un año, cuando aún Trump no influía, ese enero reportó un alce de 18% respecto de 2015, y en los últimos cinco años, cada enero ha sido —en promedio— un 14% mayor al anterior. Es importante evitar que el efecto del temor político opaque la tendencia sostenida que ha mantenido el chorro constante.

Realmente, los números son de escándalo. Solo en 2016 los bancos del sistema reportaron que por sus sistemas fluyeron 7.2 millardos de dólares en ese concepto. Esto, de por sí, ya escandaliza, cuando se compara con indicadores nacionales como el presupuesto nacional —unos US$9 millardos—, o al considerar que prácticamente equivale a lo recaudado por la SAT en la histórica gestión del licenciado Solórzano Foppa y su equipo. Pero aún hace falta difundir cómo el monto oficial bancario de remesas no parece ser, ni cerca, la totalidad de lo que se recibe desde el Norte. Como en tanto otro caso, en el tránsito monetario internacional también están presentes los canales del comercio informal y en esto Guatemala no es la excepción. Desde los envíos de billetes vía aérea hasta las remesadoras locales clandestinas, que tienen capital en ambos lados de la frontera, expertos internacionales han estimado que un 50% adicional podría estar ingresando al país por la vía informal. Si se materializa el proyecto de gravar las transferencias con un impuesto en EE. UU., se teme que estos canales invisibles puedan crecer.

En mi criterio, las remesas familiares vienen a ser uno de los dos grandes rubros en materia migratoria, en cuyo estudio debiera invertir el Estado —el otro es referente a la población—. Quedan tantas preguntas en el aire: ¿Cuánto ingresa realmente al país como producto del trabajo de los compatriotas? ¿Hacia dónde va ese dinero y quién lo está recibiendo? Y la inevitable preocupación: ¿Qué sucedería si la gente dejara de recibir ese dinero?

El último estudio técnico que conozco que haya respondido interrogantes lo realizó en 2012 la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Ya para entonces reportaron que, solo ese año, un millón y medio de guatemaltecos enviaron remesas a sus familias, y que cinco millones de personas se beneficiaban de ellas en el país. Si eso era entonces, cuando las remesas apenas eran un 60% de lo que son ahora, ¿cómo se relacionará el aumento en las remesas a los indicadores poblacionales? Aumentarlos en igual proporción revelaría datos preocupantes sobre la dependencia nacional de una actividad incierta y confirmaría que, como pocos hemos insistido, en EE. UU. viven más de tres millones de guatemaltecos.

Este jueves, la misma OIM presentará los resultados de la primera encuesta que realizaron desde entonces. Se espera que sus datos sirvan para la generación de políticas públicas y para convencer a quienes atribuyen estos flujos al lavado de dinero, el cual, aunque seguramente está presente —como en otros rubros de la economía nacional— no debe demeritar el producto del trabajo bien sudado de nuestros compatriotas que sostienen a sus familias desde el extranjero.

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