En su nueva apuesta por el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica y el sudeste mexicano, Estados Unidos insiste en una estrategia que podría estar condenada al fracaso si su orden de prioridades no atiende las fallas estructurales que fomentan una masiva migración irregular, la proliferación de criminalidad y el incontenible flujo de estupefacientes.

Una de las primeras incongruencias es que mientras México apuesta por la inversión de más de 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años, Estados Unidos empieza por contar con una inversión que para ellos se inició en sus asignaciones presupuestarias de los dos años anteriores, la cual está primordialmente dedicada a la seguridad y el combate del narcotráfico.

El gran problema con los aportes estadounidenses es que el mayor porcentaje de estos no contribuye de manera significativa a promover prosperidad, como parece ser el enfoque mexicano, cuyas autoridades lo están viendo como una oportunidad también para los habitantes del sur. Difícilmente llegará el desarrollo a estas naciones si no se invierten las prioridades.

Debe entenderse que los altos niveles de pobreza son la primera causa por la que miles de centroamericanos aspiran a otra vida en Estados Unidos. En cambio, para ese país la prioridad gira en torno a la seguridad y a detener el flujo de drogas, porque también hay una incapacidad manifiesta para detener el consumo.

En el último comunicado del Departamento de Estado se afirma que las prioridades sobre este compromiso para promover la seguridad y la prosperidad en América Central, mediante el mejoramiento de la seguridad, la gobernabilidad y la prosperidad económica, se hará a través de tres ejes: seguridad, gobernanza y prosperidad, donde se insiste en los objetivos de Washington y no en aquellos que minimicen la problemática socioeconómica.

Cuando se habla de la gobernanza, se afirma que Estados Unidos respalda los esfuerzos anticorrupción, el fortalecimiento del estado de Derecho, instituciones sólidas con gobiernos comprometidos con reducir la impunidad, lo cual en la realidad está funcionando de manera totalmente opuesta, como lo demuestran las irreflexivas decisiones del gobierno de Jimmy Morales, que socavan la poca institucionalidad prevaleciente en el país.

Parte de esa responsabilidad la tiene la Casa Blanca, de la cual han emanado iniciativas que han debilitado los esfuerzos en Guatemala para combatir la corrupción. El chantaje que le hizo el gobierno guatemalteco a Donald Trump, con el traslado de su embajada a Jerusalén, no fue visto como tal, y acá sirvió para continuar con un plan perverso. El espaldarazo al gobierno guatemalteco que le dio la exembajadora de EE. UU. en Naciones Unidas Nicky Haley también contribuyó a ello.

Sobre la prosperidad, que debería ser el eje más importante para el desarrollo regional, se ha perdido demasiado tiempo en tolerar la parsimonia ejecutiva, pues muchos recursos ya se han asignado a estos países y los índices de pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria y migración irregular no han mejorado. Hoy se lamenta incluso la muerte de niños guatemaltecos a causa de la migración hacia EE. UU.