La historia reciente, entendida como parte de las tres últimas décadas, evidencia un deterioro en materia de seguridad ciudadana, y esto ha dado paso a que en muchas poblaciones los vecinos se organicen en patrullas de seguridad civil, cuyos orígenes empiezan siendo modestos, pero terminan por convertirse en una seria amenaza para miles de habitantes, quienes ven limitados sus derechos por el violento e ilegal proceder de los integrantes de esos grupos.

Solo en las últimas semanas se ha conocido de incidentes en varios municipios y uno de los más graves fue el ocurrido en San Vicente Pacaya, Escuintla, cuando vecinos encapuchados y armados dispararon contra un vehículo de la Embajada de Estados Unidos, supuestamente porque no hizo el alto y ellos buscaban a presuntos sicarios, lo cual evidencia el riesgo latente para cualquier foráneo.

Un incidente más grave se registró también recientemente en San Juan Sacatepéquez, donde otro grupo de encapuchados obligó a detener el vehículo de alguien perteneciente a las fuerzas armadas, a quien pudieron haber obligado a descender por la fuerza, lo que habría desencadenado que posteriormente un contingente de soldados rastreara la zona para imponer orden en un lugar que se ha caracterizado por los constantes abusos contra la población, todo lo cual ocurre supuestamente en nombre de la seguridad de los vecinos.

Una de las escenas más llamativas se pudo apreciar en un reportaje de Prensa Libre del pasado sábado, en cuya portada y página interior se muestra a vecinos haciendo ostentación de armas ofensivas en las calles de Salcajá, Quetzaltenango, con el argumento de que garantizan la seguridad de la población ante la inseguridad y el pillaje. Prometen, además, no deponer su actitud mientras las autoridades no les garanticen la seguridad.

La generalizada inseguridad ha hecho que en demasiadas poblaciones los vecinos se organicen de manera improvisada para montar comités de vigilancia, y aunque la modalidad no es nueva, tampoco lo son los procedimientos operativos, pues a los ojos de los líderes de estos grupos la población debe, incluso, guardar no solo la compostura, sino que en algunas comunidades se obliga a los jóvenes a lucir cortes de cabello de acuerdo con los estándares que ellos imponen.

El problema es que mientras las fuerzas regulares de seguridad civil no logren dar respuesta a esas demandas por seguridad, se corre el riesgo de que más grupos armados de manera irregular suplanten las funciones de la Policía Nacional Civil, y por ello se explica que hayan transcurrido tantos años y sea cada vez mayor la proliferación de estas agrupaciones, capaces incluso de desafiar a la autoridad constituida, pues con el tiempo esas se convierten en áreas con escaso control policial.

La esencia del problema es que estos grupos armados al margen de la ley se están convirtiendo en fuerzas paralelas de seguridad y ya se sabe lo que ocurre cuando se permite que núcleos de pobladores se armen en nombre de la seguridad, pues se terminan convirtiendo en un dolor de cabeza para las autoridades y para muchos vecinos, pues desde la triste historia de las Patrullas de Autodefensa Civil nadie los ha podido someter al orden y más bien han sido utilizados por políticos inescrupulosos.