La decisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti de renunciar al cargo, que fue anunciada ayer a eso de las 18 horas, constituye una salida indispensable, la cual fue requerida por los miles de guatemaltecos que se manifestaron en ese sentido por todos los medios a su alcance. Es correcta, pero no necesariamente se le puede calificar de valiente, a causa de todos los acontecimientos ocurridos después de su regreso de Corea y de la misteriosa desaparición de su secretario privado Juan Carlos Monzón, involucrado en una estructura de evasión de impuestos.

En todo caso, el hecho sí tiene características únicas. El clímax llegó cuando el jueves fue clausurada una conferencia de prensa en la embajada estadounidense, para hablar del tema de la cancelación de visas y de la conversación sostenida por el embajador Todd Robinson con el canciller. Mientras, la indignación nacional por lo que ocurrió y por las actitudes poco claras de la exfuncionaria se convirtió en la razón de una unidad de criterio ciudadano que no se había visto en muchos años y que se evidenció más con las dos manifestaciones en el parque central capitalino.

La señora Baldetti pasó a ser en muy breve tiempo el centro de la frustración nacional, a causa de los numerosos actos corruptos que también han ocurrido en los gobiernos guatemaltecos desde hace muchos años. Muy pronto fue evidente que la única salida política era su separación voluntaria del cargo, para evitar que la molestia popular creciera hasta que desencadenara en violencia cuando se afianzara la idea de que renunciaran los dos integrantes del Ejecutivo.

La renuncia ocurrió el día que se anunció el antejuicio a la jueza Marta Sierra de Stalling, quien habría incurrido en prevaricato para dar medidas sustitutivas inmediatas a los capturados por integrar aquella red criminal. Por ello fue una jornada en la que quedó comprobado que el sistema legal del país puede funcionar y es adecuado, y si falla es a causa de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo.

El presidente Otto Pérez Molina debe ahora actuar con rapidez para llenar las formalidades legales referentes a la integración de la terna que presentará al Congreso para que este elija al nuevo vicepresidente. No debe olvidar que el alargamiento de esa decisión es innecesario para recuperar lo más pronto posible el equilibrio en el Ejecutivo. Ese es el siguiente paso inmediato que a su vez ya ha puesto en apresuradas jornadas al Legislativo.

Por aparte, se debe recordar que la crisis política actual no ha terminado con la renuncia de la vicepresidenta, que se queda sin inmunidad y debe enfrentar los cargos que se le imputan, sobre la base de que tiene derecho a la presunción de inocencia y eso, a su vez, es un reto para el funcionamiento del sistema de justicia.

Lo ocurrido comprueba la dolorosa necesidad de que la Cicig, como representante de las Naciones Unidas, otorgue la ayuda requerida para que el país comience a romper la telaraña de la corrupción en todas sus manifestaciones.