EL ALEVOSO ASESINATO de los periodistas mazatecos Daniel López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, abre la oportunidad a una exigencia ciudadana para conocer los resultados de las actividades —si los hay— de entidades estatales hasta ahora solo conocidas por un pequeño grupo de personas. Una de ellas es la Fiscalía de Delitos contra Periodistas (FDCP). Es el momento de interesarse en su accionar, así como en las razones por las cuales su trabajo ha fallado. Además existe una mesa gubernamental para los mismos propósitos y esta la integran representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Ministerio Público y de Gobernación, y este último se encuentra muy interesado en lograr el esclarecimiento de los dos crímenes, a la mayor brevedad posible.

LA CAPTURA DE dos sospechosos de ser los sicarios participantes en el crimen, constituye un buen comienzo. Pero ahora, la FDCP tiene la oportunidad y al mismo tiempo la obligación de participar activamente en estas investigaciones, así como de hacer pública toda su labor desde el momento de haber sido creada. El triste caso ha puesto sobre la mesa la dolorosa realidad del riesgo de los periodistas en los departamentos. Ya son demasiados los casos de corresponsales muertos a tiros en áreas violentas del país, con motivo de la situación de impunidad reinante en municipios y departamentos ya identificados con claridad en los mapas de delito preparados por diversas dependencias de gobierno, entre ellas el Ministerio de Gobernación.

LAS INVESTIGACIONES deben dirigirse en especial a casos donde hay buenas razones para sospechar la participación de cualquier tipo de autoridad, en especial las municipales. Esto se debe a la particular posición de muchos de los jefes edilicios, algunos de ellos personas de carácter violento y tendientes a la agresión y a la amenaza. En determinadas zonas del país, la violencia supera a la de otros lugares, generalmente donde hay etnias distintas. Por eso se debe primero focalizar los lugares donde ha habido más amenaza, más delitos, y donde las reelecciones de los alcaldes han sido numerosas. Es una labor hasta cierto punto detectivesca, en la cual pueden participar entidades capaces de colaborar en la búsqueda de sospechosos.

ES TAMBIÉN NECESARIO señalar otros casos de criminalidad impune. Me refiero a los constantes atentados mortales contra choferes del servicio urbano, hechos también causantes de descrédito para Guatemala, no solo porque también quedan impunes, sino porque nadie —dentro del país, pero especialmente fuera— pueda aceptar como un hecho normal el haber convertido la conducción de autobuses como una de las actividades más peligrosas. A estos dos tipos de crímenes deben agregarse aquellos cometidos por órdenes dictadas desde las cárceles por reos condenados. Estos últimos son los causantes de la mayor zozobra ciudadana, porque van dirigidos a cualquiera y por ello encajan de manera exacta con la definición de terrorismo.

LOS CRÍMENES DESTACAdos incluso dentro de estos asesinos convierten en noticia especial a todas las acciones relacionadas con los procedimientos legales: el juicio, sus actores, sus resultados y las maniobras legales, legalistas y francamente “güizacheras” de los defensores. Por eso se debe mantener informada a la población, pues una condena pronta ayuda al país y a la confianza ciudadana, sin la cual un Estado tiene serias dificultades para funcionar de manera adecuada. A partir de este momento se debe esperar el resultado de las acciones del equipo nacional de seguridad ciudadana. Si se logra resolver el caso, habrá esperanza de una reducción de crímenes porque mareros y sicarios ya no confíen en la actual impunidad reinante.