El Tribunal Supremo Electoral oficializó ayer el desenmascaramiento de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, cuyas caras más visibles son Mario Taracena, de la UNE, y Fernando Linares Beltranena, del PAN, que se complementan con Álvaro Arzú Escobar, Unionista; Óscar Chavarría, de Creo; y Óscar Argueta, también de la UNE, cuya intentona buscaba maniatar a las autoridades responsables de velar por la pureza de los procesos electorales.

Aunque dichos diputados ya han anunciado que decidieron desistir de tal despropósito, eso no basta y para ser congruentes con sus afirmaciones deben canalizar hacia el TSE cualquier modificación que se quiera hacer en materia electoral y, de paso, separarse de esa comisión y de todo asunto relativo a cualquier proceso de elección.

Ninguno de los citados ni la mayoría de quienes han desfigurado la función del Congreso merecen la más mínima confianza, pues su propuesta para una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es fiel reflejo de políticos desvergonzados que han cooptado las instituciones, aunque algunos de ellos pretendan navegar con bandera de impolutos, como es el caso de Taracena.

Han actuado de manera correcta los magistrados del TSE al denunciar pública y ampliamente la incalificable manipulación de estos congresistas, cuyo único y evidente interés es prolongar de manera perversa el control sobre las instituciones, para servirse de ellas y extender un modelo que ha sido base para extender el abuso y latrocinio.

Era tan burda la propuesta que inevitablemente estaba condenada al fracaso, porque las ambiciones politiqueras “dipugansteriles” pretendían someter a su control a magistrados de la más alta jerarquía electoral. Se buscaba anular la competencia e independencia del TSE, al subordinar a sus autoridades a controles directos del Congreso y obligarlas a informarles sobre cuanto decidieran hacer. Una suprema tontería.

Era clara la malévola intención de someter a los magistrados a servidumbre de los diputados y además se buscaba inutilizar sus funciones, las cuales, de hecho, están plasmadas en la Constitución, pues casos como los que ahora se ventilan en ese alto organismo, como la auditoría a partidos sospechosos de haber manipulado estados financieros —tal el caso de la UNE y de FCN-Nación—, no habrían prosperado porque los máximos jerarcas del Legislativo debían virtualmente autorizar cualquier acción.

Un absurdo intolerable, como casi todo lo actuado por un Congreso saturado de personajes impresentables al servicio de sospechosas causas, alejadas del beneficio nacional. Solo en mentes oportunistas puede caber semejante idea de poner a un grupo de magistrados, que por obvias razones deben ser independientes, al servicio de una institución tan desprestigiada.

Lo más triste de estos hechos es que así se legisla y se han promulgado leyes en Guatemala durante las últimas décadas. La situación solo puede empeorar si se tolera el vil accionar de politiqueros disfrazados de dignatarios para impulsar normativas cargadas de perversidad, con la única intención de prolongar el derruido sistema de partidos políticos, que tanto daño ha hecho a la democracia guatemalteca.