La ausencia de debate político sobre temas trascendentes para el país se ha convertido en la norma. Lo excepcional —también faltante— es que se aborde alguna mínima discusión sobre problemas nacionales. Los partidos políticos —que no lo son— siguen más preocupados por continuar en la sombra cómplice de la conspiración permanente que en la palestra, y sus integrantes más acongojados porque se hablen de ellos que por hacer su trabajo por el que mensualmente les pagamos. En fin: un silencio preocupante que nos tiene sumidos en la mayor inacción de los últimos años.

Aprovechando ese mutismo, cerca de ochenta diputados están ofuscados porque no podrán reelegirse en la convocatoria del 2019 y calladamente intentan revertir la norma que lo imposibilita ¡Para eso si son vivos! Sin embargo, aquellos otros que están en ley seguramente se opondrán y no por principios o respeto a la norma, algo que les viene del norte, sino por pura competencia política de sacarlos legalmente del tablero político nacional y reducir la oposición ¡Al pelo aquello de “no hay mal que por bien no venga!

Esta pasividad política desaparecerá, sin embargo, en poco tiempo. En la medida que se vayan destapando los candidatos para el proceso electoral venidero, se escucharán nuevamente promesas y “soluciones” para arreglar la debacle económica, social, educativa, sanitaria, etc. que el país arrastra por décadas y que cada cuatro años pretenden corregir inescrupulosos vendedores de humo que luego callan por otros tantos. De esa cuenta, no escuchamos cual es la posición de los partidos de la oposición respecto, por ejemplo, al desastre vial, al deficiente sistema de salud pública, a la encarecida compra de medicamentos, a la precaria situación de la educación, o a los actos de secuestros de alcaldes o robo de armas a policías por turbas de “delincuentes sociales”, entre docenas más. Tampoco sobre la desproporcionada solicitud de subida salarial de jueces y magistrados o la exigencia magisterial de más dinero para el pago de maestros que no incrementan una décima la calidad educativa ni reducen los índices de analfabetismo. Ya verán como en dos meses todos tienen la solución que ahora callan y cómo la ofrecen como remedio eficaz para promover “el desarrollo social que el país necesita, ¡ah!, y la justicia social”.

Después de veinte años residiendo en Guatemala, me confieso harto e incrédulo de tantos marrulleros vendedores de humo, de políticos basura y de ciudadanos pasivos y cómplices. He llegado al convencimiento de que tenemos poco arreglo porque sencillamente muchos se sienten cómodos con esta situación y, sobre todo, porque falta el coraje necesario para acometer una profunda reforma que nos obligaría a cambiar de actitud y valores. No nos engañemos más: no queremos cambiar, y no porque no seamos conscientes de lo mal que estamos, sino porque no nos atrevemos o nos sentimos cómodos esperando que algún día llegará “nuestro” turno de estar en la parte que envidiamos o deseamos. Una suerte de ley de péndulo que hemos terminado por asimilar, consentir y promover.

Cada quien tiene lo que se merece y nunca mejor se puede aplicar el dicho. Hay sociedades, mucho más pequeñas que la nuestra, que han resurgido y tomado conciencia de que o empujas o te entierras: Israel, Croacia, Taiwán… son ejemplos de países cuyo coraje social —si es que eso existe— los aúpa exitosamente por encima de otros. Las sociedades son lo que ellas permiten que sea y la guatemalteca carece del ardor necesario para actuar en la dirección correcta, suficientemente diagnosticada. Así que no nos quejemos más mientras sigamos en la sinuosa senda del silencioso y acobardado cordero.

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