Durante 2019, ciudadanos registraron para tenencia 116 armas en promedio al día, según datos de la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam), cuyas cifras denotan un aumento en el registro interanual.
Mientras le pone una bandera de Guatemala a su carro; mientras se prepara para portar una antorcha y recorrer con entusiasmo por la Ciudad de Guatemala para celebrar su “independencia”; o mientras canta el himno nacional, vale la pena que medite sobre la crisis política actual, cómo hemos llegado hasta ella y qué haremos para enfrentarla.
Los guatemaltecos somos buenos para pelear, solo que entre nosotros. Sucede en todo el mundo, nuestro agravante es la carencia educativa del encaramiento. No estamos acostumbrados a los debates, pues para nosotros la discordancia es motivo de enemistad. Hay mucha herida, mucho dolor del tipo “a mí nadie me va a decir nada peor este muchacho y menos ese viejo qué se cree”. Cuando dos animales quieren lo mismo, uno termina con el otro y se queda con la presa. Entre humanos, por el contrario —en teoría—, se ponen de acuerdo para cumplir un objetivo, sin abandonar sus diferencias.
La ausencia de debate político sobre temas trascendentes para el país se ha convertido en la norma. Lo excepcional —también faltante— es que se aborde alguna mínima discusión sobre problemas nacionales. Los partidos políticos —que no lo son— siguen más preocupados por continuar en la sombra cómplice de la conspiración permanente que en la palestra, y sus integrantes más acongojados porque se hablen de ellos que por hacer su trabajo por el que mensualmente les pagamos. En fin: un silencio preocupante que nos tiene sumidos en la mayor inacción de los últimos años.
La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario, afirma acertadamente Noam Chomsky en el libro Cómo nos venden la moto, escrito en conjunto con Ignacio Ramonet. De ahí que a lo largo de la historia contemporánea se haya desarrollado técnicas de persuasión que buscan la manipulación informativa y la construcción de narrativas como medio para conseguir, conservar y acrecentar el poder de un grupo particular.
Nos llegan por todos los medios de comunicación social las imágenes de playas, caminos, plazas y calles llenas de basura. Unos cuantos conductores, a quienes se les antoja comprar unas frutas para el camino, se estacionan al borde de carreteras ya insuficientes de por sí, generando atascos y degradando la circulación para miles y miles de conductores. Los autobuses van sobrecargados, deteniéndose en cualquier parte de los caminos que recorren para recoger pasajeros, de modo tal que no solamente ponen en peligro las vidas de estos, sino las de los demás automovilistas que pasan horas interminables para regresar a sus casas. Como si todo eso no fuera suficiente, los operativos de tránsito generan otros embudos, en lugar de ensanchar las arterias por donde pudiera fluir mejor el tráfico.
No quisiera parecer irrespetuoso con mis lectores, pero he de confesar que he llegado a una grave conclusión, a saber: que son relativamente pocos, entre las élites de Guatemala, quienes comprenden qué es un Estado de Derecho y qué implica ser “un ciudadano” en un Estado de Derecho. No es que yo pretenda ser “el experto” en el tema, pero, modestia aparte, creo que algo puedo aportar. Sobre todo, en relación con la realidad nacional según yo la comprendo.
Cuando las normas morales que rigen la conducta no están alineadas con principios que buscan el bien, el actuar correcto y la honestidad, surge la laxitud. La conciencia laxa, como forma de conducirse, se caracteriza por poca reflexión en el obrar, falta de escrúpulo en el cumplimiento de los deberes, lo relajado en el proceder y la ausencia de responsabilidad. En decir: la manga ancha.
No queda claro cómo afrontará el Renap la emisión de miles de DPI pendientes.
El miedo, la apatía y la complicidad son algunos de los mayores obstáculos para establecer un sistema eficaz de administración de justicia capaz de conducir al país por un proceso generador de cambios profundos. En un sistema degradado por la infiltración de la corrupción y la delincuencia en esferas gubernamentales y en otras instituciones de fuerte incidencia política y económica, se supone la existencia de un alto grado de omisión de denuncia. Esto, por razones obvias, constituye un freno a la administración de justicia y un elemento paralizante en muchos otros aspectos de la vida nacional.
