Un día después de ocurrida la peor tragedia provocada en Guatemala por el rescate de un pandillero en una instalación hospitalaria, uno de los primeros involucrados, el juez Pablo Xitumul, convocó de manera urgente a la Prensa para aclarar que la orden judicial firmada por él, que permitía el traslado del múltiple homicida Ánderson Daniel Cabrera Cifuentes, fue en cumplimiento a un requerimiento del Sistema Penitenciario, avalado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Esta última entidad es al final la instancia responsable de muchos de los fallos judiciales, pues son estos partes médicos los que determinan la necesidad de movilizar a reos y sacarlos de los penales para trasladarlos a citaciones médicas e incluso hospitalizaciones injustificadas o al menos no avaladas oportunamente por un juez, como ha ocurrido con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ha logrado esos privilegios en más de una ocasión.

Corresponde continuar con la cadena de deducciones para determinar la pertinencia del aval médico del Inacif, que facilitó la salida de un recluso de alta peligrosidad, cuyo traslado provocó la muerte de siete personas y dejó heridas a por lo menos una docena más, algunas de ellas en estado grave. También se debe indagar en el Sistema Penitenciario quién hizo la solicitud, pues la falta de mecanismos de control arrancó la vida a inocentes.

Por coincidencia se conoció ayer de privilegios a otras personas encarceladas, como es el caso de Anabella de León, quien tiene la autorización de un juez para salir cada 15 días de prisión, supuestamente para visitar a su familia. Acerca de esto también hasta ahora surge el alboroto, cuando las mismas autoridades de Gobernación debieron plantear sus inconformidades antes de que otros lamentables hechos las hicieran reaccionar.

Peor es el caso de Daniela Beltranena, tras las rejas por un caso de corrupción y que por orden judicial también puede salir cada 15 días del Mariscal Zavala. Las autoridades aseguran que regresa en estado etílico e indican que callaron hasta que la nueva tragedia ocurrida en el Hospital Roosevelt las obligó a denunciar la situación.

Estas informaciones ya no sorprenden porque todo el sistema está derruido, a merced de mafias que tienen el control de las prisiones. Si cualquier reo puede salir de la prisión, sin duda existirán mayores facilidades para quienes poseen un enorme potencial corruptor, como ocurre con los políticos y, ahora, con pandilleros que tienen descomunales sumas de dinero, capaces de postrar a sus pies a los guardianes del orden en cualquier nivel.

Lo que ocurre en Guatemala rebasa los límites de lo tolerable, y tanto el Ministerio de Gobernación como el Organismo Judicial deben buscar acciones correctivas a esa ausencia total de control y de leyes. Ya es imposible y hasta peligroso determinar a quién corrompen las mafias, porque esas burlas a la justicia son una seria amenaza al sistema y a la vida de guatemaltecos, mientras el crimen impone reglas a un modelo de justicia cada vez más parecido a una caricatura. Se evidencia el resquebrajamiento del estado de Derecho, lo que de manera directa e indirecta beneficia a los maleantes de toda condición social.