En días recientes, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) invitó a los candidatos presidenciales en segunda vuelta a escuchar una serie de medidas e incentivos que deberían implementarse de manera inmediata para poder plantear el objetivo nacional de crear un millón de empleos en los próximos cuatros años.

Desafortunadamente, el desdén de los aspirantes, Morales y Torres, se reflejó cuando ni siquiera se dignaron a asistir a la presentación y enviaron a representantes que por supuesto no podían asumir compromisos en su nombre.

Precisamente la gran paradoja de la democracia guatemalteca es que quienes se sienten victoriosos empiezan a privilegiar las agendas que según sus allegados son las que más les convienen por imagen, rédito político o, peor aún, compromisos de campaña, en tanto dejan de lado otras facetas estratégicas. Ello se ha evidenciado de manera penosa cuando los mandatarios electos son presa de las famosas roscas que les dicen lo que quieren oír, les pintan logros ilusorios y los adulan al punto de aislarlos de la realidad acuciante que vive el ciudadano, cuyo voto cortejaron.

La propuesta de Agexport, en todo caso, no está lejos de lo que diversos tanques de pensamiento han propuesto, ni de los modelos que han tenido éxito en otros países. El valladar está en el cambio de paradigma que debe operarse en lo político, lo institucional, lo social y lo económico, a través de reformas a leyes que requieren consenso, pero también transparencia y valentía.

La batalla ya tiene años de estar librándose, y uno de los mayores desafíos es mover la anquilosada maquinaria burocrática, principalmente en hacer más ágiles los procedimientos en las oficinas públicas, sin que para ello medie en manera alguna cualquier tipo de soborno o tráfico de influencias. Por el contrario, urge una revolución en el funcionamiento público y privado, en aras de mejores y mayores niveles de exportación, que incentiven la inversión y den origen a más empleos directos e indirectos.

Por supuesto que no hay soluciones mágicas para resolver problemas que llevan décadas incubándose, pero sí resulta vital la consolidación institucional que brinde certeza jurídica, tanto a las empresas como a los trabajadores. Dentro de este panorama entran los incentivos a las pequeñas empresas y a emprendedores, el respeto a las regulaciones laborales y a los derechos de propiedad intelectual, la diversificación agrícola, turística e industrial.

Entre los retos más urgentes que la siguiente administración puede impulsar está la aprobación de la ley de productividad y la competitividad, así como la unión aduanera con Honduras, lo cual de nuevo centra la mirada en la labor que también tiene a la vuelta de la esquina el nuevo Congreso.

La próxima legislatura probablemente no contará con tiempo ni la paciencia ciudadana para demorar reformas impostergables, que son necesarias para una transformación de los actuales esquemas de producción y de fabricación de productos que pueden llevar a cifras inusitadas las exportaciones, que nos permitan ver resultados tangibles de la mayor economía del Istmo, que resulta ser también la más desigual.