La mayoría de las entidades públicas y muchas que en el papel ostentan cierta autonomía han pasado a ser auténticos feudos para políticos y funcionarios que las convierten en una suerte de oficinas para el dispendio o para la atención de recomendados, amigos y emisarios de los partidos políticos que encuentran algún acomodo con quienes las dirigen. Entre estas sobresalen el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, más recientemente, la Empresa Portuaria Quetzal.

En esta última es donde resulta evidente el clientelismo y el pago de favores a través de plazas espurias, lo cual, por más que se intente desmentir, ha quedado plasmado en documentos hechos públicos. El pasado miércoles se dio a conocer en el Congreso un reporte que el coronel Carlos Lainfiesta envió a diputados que habían requerido información sobre el número de asesores que tenía a su servicio y el funcionario, con su firma, ratificó que la cantidad llegaba a los 31.

Aunque luego trató de maquillar esa versión, lo cierto es que en los informes entregados se leen claramente los innecesarios y triviales cargos que en esa institución ocupan algunos de sus asesores, como quien le debe asistir supuestamente en la administración de su correspondencia u otro que está contratado para ayudar al Departamento de Mantenimiento a ver quién se encarga de hacer los trabajos de reparación de la maquinaria. La lista se alarga, pero también la penosa función de agencia de empleo de unidades como la Portuaria.

Por supuesto que una vez divulgada la información, cada funcionario busca desmentir los datos aportados, incluso a través de campos pagados, en los cuales llegan a negar lo que han afirmado ante cámaras, micrófonos y autoridades legislativas. Lo peor de todo es que la situación puede ser más grave, pues en esta oportunidad apenas se sabe de requerimientos específicos respecto de asesores al servicio del interventor de la Portuaria Quetzal, pero si se inquiere sobre otros gastos, planillas y manejos, podrían surgir muchos más asuntos pestilentes.

Hay que recordar que tanto en la administración de los puertos del país como en las aduanas existe bastante hermetismo respecto de su funcionamiento y solo ocasionalmente se sabe del reparto de utilidades que llegan a los empleados y al Gobierno central, lo cual es un indicador de lo rentable que resultan dichas instituciones. Esto, por supuesto, solo confirma que tales entidades constituyen un botín codiciado, y si se toma en cuenta la crisis de recursos por la que atraviesa el Estado, usos irregulares como esos adquieren el carácter de ignominiosos.

Es aquí precisamente donde más censurable resulta el modelo continuado durante los últimos gobiernos, para beneficio de aquellos funcionarios nombrados por el único hecho de ser allegados a las roscas del poder, con poco o ningún conocimiento o especialización del área que les ha sido confiada. Es claro que el interventor no es capaz de manejar su correspondencia por sí solo y se puede suponer que hay otros temas que no domina. Pero la culpa no es suya, sino de los superiores que lo han colocado allí por aviesos motivos.