El Congreso aprobó ayer integrar la comisión pesquisidora que tendrá a su cargo esclarecer las sindicaciones que pesan sobre la magistrada Blanca Stalling, contra quien la semana anterior la Corte Suprema de Justicia en pleno aprobó darle trámite a una solicitud de antejuicio, pues está señalada por el MP y la Cicig de tráfico de influencias.

Sin embargo, previamente los diputados habían rechazado una moción que buscaba anular la creación de 16 nuevas comisiones de trabajo, que al ser analizadas con la más mínima lógica, solo persiguen apropiarse de recursos públicos de manera indebida y a fin de tener posibilidades formales para presionar a funcionarios por la vía de citaciones cuando alguno se resista a demandas inconfesables.

Desde sus inicios, este Congreso, como institución, aunque haya algunos diputados ajenos a esto, ha cometido acciones censurables, que comienzan con el transfuguismo, cuyo principal objetivo es buscar prebendas. Se ratifican otras, como la creación de comisiones de trabajo que ya habían sido descartadas, sobre las cuales también existían suficientes denuncias por su inoperancia y porque al final solo facilitan el acceso a recursos financieros.

Una de esas decisiones que pone en entredicho lo que está ocurriendo en el Congreso gira en torno a la Comisión Extraordinaria de Regulación de Áreas Protegidas y de Reserva Territorial, que por ratificación de los legisladores quedará en manos del polémico diputado Ernesto Galdámez Juárez.

El resto de comisiones integradas la semana anterior queda también en manos de una lista de congresistas cuestionables, ya sea por sus orígenes transfuguistas o porque tienen cuentas pendientes con la justicia, por señalamientos presentados por el MP y la Cicig o porque sus cargos son claramente incompatibles, al estar ligados a empresas o al haber sido contratistas del Estado.

La situación prevaleciente en el Congreso es preocupante, ante un claro predominio de los antivalores, cuyos principales protagonistas ahora y en el gobierno de la UNE tienen virtualmente secuestrado al sistema, el cual han manejado a su antojo. Por ello la elección de la pesquisidora para investigar a la magistrada Stalling pone de nuevo a prueba las reales intenciones de los diputados en la lucha contra la impunidad.

Esta es una auténtica brasa para los integrantes de la pesquisidora, empezando por quien la presidirá, Julio Longo, de FCN-Nación, que debe dirigir los trabajos preliminares en un tiempo corto, en consonancia con la gravedad de las sindicaciones que pesan sobre una de las magistradas más polémicas del Organismo Judicial, pero también porque otros casos se dilucidaron en plazos aceptables.

Se trata de una encrucijada, no solo para los legisladores, sino también para el país, que asiste a uno de los espectáculos más penosos de la era democrática, donde un grupo de congresistas hace de las suyas y, encima, les corresponde investigar a un integrante de otro de los organismos de Estado más desprestigiados de los últimos años. Los diputados ajenos a esto deben marcar distancia en forma clara y además pública.